Juez ordena a Trump otorgar audiencia a venezolanos deportados a El Salvador

Un juez federal dictaminó este lunes que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 migrantes venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, y ordenó que se les conceda la oportunidad de comparecer ante un juez.

El magistrado James Boasberg fijó como plazo el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan que permita el retorno de los inmigrantes a Estados Unidos o, en su defecto, que se les garantice una audiencia judicial para impugnar su expulsión.

Boasberg certificó además una demanda colectiva, lo que abre la vía para que todos los migrantes enviados en marzo pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) puedan cuestionar su designación como enemigos extranjeros de Estados Unidos.

La Administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma concebida para tiempos de guerra, para deportar a los venezolanos, a quienes acusó —sin presentar pruebas— de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que Washington ha designado como terrorista.

• “Este tribunal declara que los demandantes no debieron haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”, escribió Boasberg en su fallo, que representa un nuevo revés judicial para el Gobierno de Trump.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Democracy Forward, que sostienen que las deportaciones fueron ilegales y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de una compensación económica.

“No se puede permitir que una expulsión acelerada deje sin efecto este recurso legal (el habeas corpus). Si trasladar secretamente a personas a otro país fuera suficiente para anularlo, el Gobierno podría secuestrar a cualquiera en la calle, entregarlo a un país extranjero y así impedir cualquier posibilidad de recurso legal”, advirtió el juez en su resolución.

El caso ha puesto bajo escrutinio a la Administración Trump por posibles violaciones constitucionales, especialmente del derecho al debido proceso, protegido por la Quinta Enmienda.

Acciones judiciales contra la deportación de migrantes venezolanos

Tras meses de presión por parte de las familias, los venezolanos fueron finalmente enviados de regreso a su país en julio pasado, como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Boasberg también investiga si funcionarios del Ejecutivo violaron una orden judicial previa que prohibía expresamente los vuelos de deportación a El Salvador.

Investigaciones y litigios relacionados con el caso

En noviembre, el juez anunció que llamaría a declarar al menos a dos personas vinculadas al caso: Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ) que fue despedido, y Drew Ensign, abogado del mismo departamento, a quien Reuveni acusó de haber engañado al tribunal sobre los vuelos de deportación, según informó The Washington Post.

En una opinión anterior de más de 40 páginas, Boasberg sostuvo que el Ejecutivo actuó con “completo menosprecio” hacia una orden judicial que le instruía revertir el envío de los migrantes.

“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el magistrado en un fallo emitido en abril.

Por estos hechos, la Casa Blanca enfrenta además otro litigio relacionado con el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado junto a los venezolanos y posteriormente retornado a Estados Unidos por orden judicial.