Organizaciones de Puerto Rico exigen protección para comunidades migrantes ante políticas de Trump

Un frente unido de organizaciones de la sociedad civil en Puerto Rico alzó su voz este miércoles en defensa de las comunidades migrantes, exigiendo que el gobierno de la isla tome medidas para proteger a estos grupos frente a las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

Las intervenciones y detenciones bajo las órdenes ejecutivas del gobierno federal, que inicialmente se limitaban a personas con antecedentes penales, han afectado a personas sin historial criminal e incluso a aquellas con estatus migratorio regular.

“Nadie debería vivir en un constante estado de temor a ser detenido, arrestado y deportado sumariamente, lejos de sus seres queridos, sus familias y sus comunidades”, expresó el frente. La denuncia se centra en la violación de derechos humanos fundamentales y el daño que las políticas de deportación masiva, que separan a familias, están causando a las personas migrantes en la isla.

Uno de los puntos clave de la declaración es la condena a la retórica del presidente Trump, que califica a las personas que cruzan sin autorización la frontera como “criminales”. Las organizaciones subrayan que cruzar una frontera no convierte a nadie en delincuente y recalcan que los migrantes tienen derecho a un debido proceso legal.

Además, las organizaciones demandan que el gobierno de Puerto Rico se enfoque en resolver los problemas más urgentes que afectan a la isla, como la crisis de vivienda, el acceso a servicios de salud, la privatización de las costas y el estado de emergencia por feminicidios, entre otros. Al mismo tiempo, rechazan que la Policía estatal realice funciones propias de las agencias de inmigración, lo que genera desconfianza y temor en la población migrante, especialmente entre mujeres y víctimas de violencia de género.

Exigencias al gobierno de Puerto Rico

Las organizaciones, que representan una diversidad de sectores, entre ellos la diáspora dominicana, han establecido un conjunto de demandas que buscan garantizar la seguridad y los derechos de las personas migrantes en Puerto Rico:

1. La adopción de una política pública en la que se reconozca el derecho de los migrantes a una vida digna y segura, sin importar su estatus migratorio.

2. Asegurar el acceso a servicios públicos esenciales, incluidos los de salud y educación, sin discriminación por estatus migratorio.

3. La creación de “espacios seguros” donde las autoridades de inmigración no puedan intervenir sin orden judicial, tales como escuelas, hospitales y centros comunitarios.

4. La adopción de una política de no colaboración con las autoridades federales en la identificación, detención y arresto de migrantes sin documentación regular.

5. El fortalecimiento de los derechos de las víctimas y testigos de delitos, garantizando que puedan denunciar y recibir ayuda sin temor a ser detenidos.

Asimismo, las organizaciones instan al gobierno de Puerto Rico a rechazar las políticas de separación de familias y la criminalización de la comunidad migrante, haciendo un llamado a los consulados y representantes internacionales presentes en la isla para que se involucren en la protección de estos derechos.

Hacen un llamado a la acción

Las organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional Puerto Rico, también hicieron un llamado a los medios de comunicación para que cubran de manera prioritaria las violaciones de derechos que afectan a la comunidad migrante en la isla, y que eviten reproducir narrativas xenófobas o discriminatorias que justifiquen las acciones del gobierno federal.

El frente reiteró su compromiso con los valores de solidaridad, derechos humanos y justicia social, y subrayó que la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, es una obligación fundamental del gobierno de Puerto Rico.

En un momento en que la administración federal refuerza su postura sobre la migración, estas organizaciones en Puerto Rico piden a la isla que se convierta en un refugio para quienes buscan protección, ofreciendo un ejemplo de humanidad y respeto por los derechos fundamentales.