EE.UU. acusa al antiguo jefe de una prisión siria de graves torturas a opositores de Al Asad

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves de que un gran jurado ha acusado a un residente del país que dirigió hace años la prisión central de Damasco (Siria) de ordenar torturas a prisioneros opositores del régimen de Bachar Al Asad.

Samir Ousman Alsheikh, de 72 años y residente de Carolina del Sur, dirigió la conocida como prisión de Adra entre 2005 y 2008, tiempo en el que a veces incluso se involucró personalmente en infligir torturas físicas y psicológicas a prisioneros, muchos de ellos disidentes políticos.

Según un comunicado, Alsheikh ordenó llevar a prisioneros al "ala de castigo", donde recibían palizas estando suspendidos del techo con los brazos extendidos y se les sometía a una tortura en la que un aparato doblaba sus cuerpos en dos por la cintura, a veces rompiéndoles la columna.

El fiscal Martin Estrada del Distrito central de California, que lleva el caso después de que el hombre fuera arrestado en su jurisdicción en julio, calificó las alegaciones de "escalofriantes" y aseguró que EE.UU. "no será un refugio para los acusados de cometer atrocidades en el extranjero".

El acusado lideró las torturas en la prisión de Adra "para frenar la oposición al régimen" de Al Asad y, tras emigrar a EE.UU. en 2020, mintió a las autoridades sobre sus violaciones de derechos humanos para obtener un permiso de trabajo permanente y posteriormente solicitar la ciudadanía.

El individuo tuvo varios cargos en la Policía de Siria y en el aparato de seguridad nacional, estuvo asociado con el partido Ba'ath gobernante en el país y fue nombrado gobernador de la provincia de Deir Ez-Aour por Al Asad en 2011, indica la nota.

Inicialmente, Alsheikh fue acusado en agosto de fraude en la obtención del visado y en el intento de naturalizarse, pero su caso fue enviado a un gran jurado de Los Angeles (California), que hoy sumó cuatro cargos más: tres de tortura y uno de conspiración para cometer tortura.

Si es condenado, afronta penas máximas de 20 años de prisión por cada uno de los tres cargos de tortura, otros 20 por conspirar para ello y otros 10 por cada cargo de fraude migratorio; la sentencia depende de un juez.