Acusan en EE.UU. a un dominicano de fraude en ayudas por COVID-19 y robo a la seguridad social

Un dominicano residente en Lawrence fue acusado esta semana en un tribunal federal en Boston de conspirar para obtener y usar indebidamente, de manera fraudulenta, fondos de ayuda por COVID-19 y robar beneficios del Seguro Social de Estados Unidos, según informó la oficina del fiscal de distrito de Massachusetts. 

Randolph Domínguez, de 57 años, fue acusado de un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo de dinero del gobierno.

El comunicado de la fiscalía indica que el dominicano estará compareciendo ante el tribunal en una fecha posterior.

En la acusación contra Domínguez, los fiscales dicen que el hombre presentó en junio de 2020 una solicitud en nombre de su empresa Domínguez SP Interpreters a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) bajo el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés), disponible para los pequeños negocios afectados por la pandemia del COVID-19.

Alegan que Domínguez obtuvo de manera fraudulenta 74,000 dólares en fondos del EIDL en julio de 2020, tras afirmar falsamente que sus ingresos comerciales brutos eran de 600,000 dólares al año anterior, cuando en realidad fueron de 16,989 dólares, según los fiscales.

Además, agregan que Domínguez "gastó indebidamente todos los fondos EIDL" recibidos, al destinarlos para fines no comerciales.

Aparte del fraude a la ayuda por el COVID-19, la justicia de Massachusetts acusa a Domínguez de robar aproximadamente 163,642 dólares en beneficios de la Seguridad Social desde abril de 2001 hasta junio de 2022.

El cargo de fraude electrónico prevé una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor, explica la fiscalía sobre la posible pena de Domínguez, que será determinada al final por un juez. 

Asimismo, explica que el cargo de robo de dinero del gobierno prevé una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor.