EE.UU. urge a Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el pacto de extradición

El Gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor.

"La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al Gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión", dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU..

El Gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa la decisión de "dar por terminado" el tratado de extradición entre los dos países horas después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

"En este momento el tratado de extradición sigue en vigor", añadió el portavoz estadounidense, según el cual el cese del mismo "perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la Justicia".

Desde el Departamento de Estado se destacó que la naturaleza transnacional de muchos crímenes implica que muchos países, "incluido Honduras, deben trabajar en estrecha cooperación para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia, sin importar dónde intenten esconderse".

"Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia", añadió el portavoz, según el cual Washington "valora su relación de larga data con Honduras y el compromiso compartido de defender el estado de derecho y combatir el crimen transnacional".

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, afirmó este jueves que su país revocó el tratado bilateral por temor a que sea utilizado como un "arma política" para extraditar a funcionarios o militares de alto rango por cuestiones "puramente políticas".

En esa misma línea se pronunció la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que insistió en que su país no permitirá que la extradición sea utilizada para "intimidar o chantajear" a las Fuerzas Armadas de Honduras.