Las leyes antimigrantes en EE.UU. se extienden desde la frontera al interior del país

Eugenia ya sabe lo que es empezar de cero. En 2000 dejó atrás su natal Michoacán (México) para buscar una nueva vida junto con su hijo en EE. UU. y 24 años después, ante la amenaza de una ley antimigrante en Iowa, el estado donde creó un hogar, se ve forzada a pensar en mudarse otra vez.

"Yo aquí conozco los lugares, tengo un trabajo. En otro lado es como si volviera a emigrar", cuenta a EFE la mexicana de 55 años, que pide ocultar su apellido porque no tiene un estatus legal estadounidense.

En febrero, la legislatura estatal de Iowa promulgó una ley que penaliza con hasta dos años de cárcel a los migrantes que hayan sido deportados de EE. UU. o se les haya negado la entrada en el pasado.

Esta medida se suma a una nueva ola de regulaciones antimigrantes en EE. UU. Siguiendo el ejemplo del gobernador de Texas, Greg Abbott, estados que están a cientos de kilómetros de la frontera sur han decidido tomar medidas de "mano dura" con la migración en pleno año electoral.

Similar a Iowa, Oklahoma aprobó en abril penalizar con cárcel la presencia en el estado de personas indocumentadas y Georgia promulgó en mayo una ley que pide a las autoridades detener a los "sospechosos" de no tener papeles.

En Tennessee, se aprobó una norma que obliga a la policía a indagar en el estatus migratorio de las personas que detengan, y Nuevo Hampshire estudia pasar una ley que permitiría arrestar a la gente por "invasión" desde la frontera con Canadá.

Desafío al gobierno federal y teatro político

Todas estas normas buscan promulgar leyes migratorias estatales, desafiando la autoridad del gobierno federal, el encargado de decidir quién tiene el derecho de permanecer en el país, según explica a EFE Muzaffar Chishti, abogado del Migration Policy Institute.

Este tipo de leyes, destaca Chishti, son susceptibles de acabar congeladas por las cortes y de ser declaradas inconstitucionales.

Ese es el caso de la ley SB4, promulgada por Texas el año pasado y que sirvió de modelo para las medidas en otros estados; una corte federal en Luisiana impidió que entrara en efecto mientras estudia su legalidad.

El Gobierno de Biden lideró el litigio contra la SB4 y busca bloquear sus réplicas: ya presentó otras dos demandas contra las leyes de Oklahoma y Iowa.

Si este tipo de medidas tienen una base legal frágil, ¿por qué tomarse el tiempo de redactarlas, votarlas y promulgarlas? Para el abogado, la respuesta es clara: "Apuntarse una victoria política".

Además de presidente, en noviembre los estadounidenses de 44 estados del país también elegirán a sus representantes en las legislaturas estatales.

"Este tipo de medidas son muy efectivas para decir al electorado 'Miren, soy fuerte con la migración'", argumenta Chishti.

En esto coincide Jessica Itzayana, de la organización Dream Action Oklahoma: "En un año electoral, son las comunidades migrantes las más afectadas por el teatro político, soportando las consecuencias de la polarización".

"Es traumático"

Desde que la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó la ley antimigrante, María Acosta no ha parado de recibir llamadas de personas que, de una u otra manera, le expresan un mismo sentimiento: el miedo.

"Es traumático porque aunque todavía no entra en efecto, está dejando a la gente en una angustia constante", cuenta a EFE la activista, que vive en Des Moines, la capital del estado.

Eugenia y sus dos hijos, uno de 34 que llegó con ella desde México y también vive indocumentado y la menor, de 20, que nació en EE. UU., ya lo tienen decidido: si la ley entra en vigor, empacan lo que pueden, vende lo que no y se van a Minnesota.

Para su familia, es una cuestión de permanecer unidos, porque si ella o su hijo son detenidos podrían ser deportados. "Ellos son todo lo que tengo. Yo quiero estar tranquila, no tener miedo a la policía, a que me paren", subraya.

Además de su trabajo a tiempo completo en la cocina de un restaurante, Eugenia montó hace siete años su propio negocio de limpieza, al que se dedica en sus días libres.

"Nosotros nos sentimos rechazados, amenazados y que todo lo que hemos hecho no ha valido la pena, porque el estado está volviendo contra nosotros", relata.