Supremo de EEUU permite a Idaho implementar ley que penaliza tratamiento a menores trans

El Tribunal Supremo se pronunció este lunes a favor del estado de Idaho (EE. UU.) permitiéndole temporalmente la entrada en vigor de una ley que penaliza a los médicos que brinden tratamientos de reasignación de género a menores trans.

El fallo anula la decisión de un juez federal que había detenido la puesta en vigor de la ley HB71 que castiga hasta con 10 años de prisión a los médicos que brinden tratamientos hormonales u otras prácticas de afirmación de género a menores de edad.

En diciembre pasado el magistrado había bloqueado la medida en respuesta a una querella legal, presentada por las familias de dos menores que estaban recibiendo tratamiento, que alega que la ley es inconstitucional porque viola sus derechos.

El Noveno Circuito de Apelaciones había apoyado la decisión del juez mientras continúa el litigio sobre su constitucionalidad, lo que obligó al fiscal de Idaho, el republicano Raúl Labrador, a acudir al Supremo para que le permita implementar la ley antes de que se dé una decisión final.

 Los seis miembros conservadores de la máxima corte estuvieron de acuerdo con permitir la implementación de la ley, mientras los tres jueces liberales opinaron que la ley se debió mantener suspendida.

Sin embargo, el fallo del Supremo permitió que los dos menores que demandaron la ley puedan continuar recibiendo el tratamiento durante el litigio.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y su filial en Idaho calificaron la decisión del Supremo como algo “terrible" para los demás jóvenes transgénero y sus familias en ese estado.

“El fallo de hoy permite al estado (de Idaho) cerrar la atención de la que dependen miles de familias y, al mismo tiempo, sembrar más confusión y perturbación”, agregó la organización en un comunicado.

No obstante, ACLU destacó que el fallo de la máxima corte no determina la constitucionalidad de esta ley por lo que continuarán con la batalla legal.

Idaho no es el único estado que ha aprobado consecuencias penales para los médicos que brindan este tipo de tratamientos; Texas, Alabama, Luisiana y Arizona también han promovido medidas similares.