EE.UU. levanta sanciones a dos mineras de níquel en Guatemala
Departamento del Tesoro elimina a CGN y ProNiCo de la lista negra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sanciones a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (ProNiCo), dos mineras radicadas en Guatemala.
Las dos subsidiarias de Solway Investment Group han sido suprimidas de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según una actualización publicada este miércoles por el departamento sobre los llamados "Nacionales especialmente designados" (SDN, por sus siglas en inglés).
El Departamento del Tesoro no especifica por qué las retira de la lista en la que las incluyó en noviembre de 2022 como parte de sanciones a presuntos directivos de las compañías a los que acusaba de "actos corruptos".
En un comunicado fechado este miércoles en Suiza, Solway Investment Group asegura que a partir de ahora puede "reanudar sus operaciones sin restricciones" en Guatemala, suspendidas por las sanciones estadounidenses.
Sus subsidiarias han estado involucradas en una polémica que ha llegado a los tribunales por una mina de níquel en Agua Caliente, en el municipio de El Estor, a unos 300 km al noreste de Ciudad de Guatemala.
En una sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó en diciembre pasado que Guatemala violó los derechos de una comunidad maya q'eqchi' por permitir la usurpación y operación de una mina de níquel en sus tierras ancestrales.
Solway Investment Group respaldó públicamente este fallo judicial.
Las comunidades indígenas aseguran desde hace años que el proyecto provoca daños ambientales. En 2017 una protesta contra la mina se saldó con la muerte de un pescador.
En el comunicado, Solway Investment Group promete que sus subsidiarias "se esforzarán por trabajar estrechamente con el presidente (guatemalteco Bernardo) Arévalo y su nueva administración en todos los aspectos, especialmente en relación con las comunidades indígenas locales, los derechos humanos y las preocupaciones medioambientales".
Añade haber adoptado un programa anticorrupción y trasladado "la propiedad de sus dos subsidiarias guatemaltecas a Estados Unidos".
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