Comisionado acusado de soborno en Miami se declara inocente de los cargos

Un comisionado de la ciudad de Miami suspendido tras ser acusado de aceptar 245,000 dólares a cambio de votar para aprobar la construcción de una instalación deportiva se ha declarado inocente de varios cargos graves, incluidos soborno y lavado de dinero.

Alex Díaz de la Portilla no compareció ante el tribunal el viernes, pero su abogado, Ben Kuehne, hizo la declaración en su nombre.

Díaz de la Portilla y un coacusado, el abogado William Riley Jr., fueron arrestados el 14 de septiembre.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a Díaz de la Portilla, también republicano, tras el arresto del comisionado. Kuehne dijo el viernes que su cliente estaba haciendo campaña para las elecciones del 7 de noviembre para mantener su puesto en la comisión.

“Esperamos una reivindicación de estos cargos porque Alex no es culpable”, dijo Kuehne en el tribunal penal de Miami-Dade, según el Miami Herald.

Kuehne solicitó que Díaz de la Portilla fuera juzgado por separado de Riley, informó WPLG-TV.

El viernes, el abogado de Riley se declaró inocente en nombre de su cliente, quien no compareció ante el tribunal. Riley está acusado de ser la fachada de la empresa que supuestamente dio dinero a la campaña de Díaz de la Portilla a cambio del derecho a construir una instalación deportiva en un terreno que ahora es un parque en el centro de la ciudad.

Ambos salieron de la cárcel poco después de ser arrestados y su próxima audiencia es el 14 de noviembre. No se ha fijado una fecha para el juicio.

Díaz de la Portilla fue legislador estatal y elegido miembro de la comisión municipal en 2019.

Los investigadores dijeron que Díaz de la Portilla y Riley aceptaron más de 15,000 dólares para la campaña judicial del hermano de Díaz de la Portilla en la corte del condado Miami-Dade, pero no reportaron el dinero, como lo exige la ley estatal.

Riley también controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware para lavar alrededor de 245,000 dólares en contribuciones políticas ocultas realizadas por una empresa de servicios de gestión a cambio de permiso para construir un complejo deportivo, dijeron los funcionarios.