Un vistazo a puntos clave tras fallo que declara a Trump responsable de fraude

El fallo de un juez de que Donald Trump cometió fraude mientras construía su imperio inmobiliario empaña la imagen del expresidente como un gigante de los negocios, y podría despojarlo de su autoridad para tomar decisiones de gran relevancia sobre el futuro de sus propiedades más representativas en su estado natal.

La orden del martes revoca las licencias comerciales en castigo, lo que podría dificultar o imposibilitar que algunas de las empresas de Trump operen en Nueva York si no apela con éxito.

El abogado de Trump aseguró que apelaría, y calificó la decisión de “impropia de los estadounidenses” y parte de una campaña para perjudicar su segunda candidatura a la presidencia.

Estos son algunos de los puntos clave del caso y lo que ocurrirá a continuación:

Trump y su empresa exageraron masivamente la valuación de sus activos, con lo que crearon “un mundo de fantasía” en los estados financieros que él presentó a los bancos y otros, concluyó el juez Arthur Engoron en una demanda presentada por Letitia James, la fiscal general de Nueva York.

El club Mar-a-Lago de Trump en Florida, por ejemplo, estaba sobrevaluado en un estado financiero hasta en un 2,300 %, encontró el juez. El expresidente también mintió sobre las dimensiones de su penthouse en la Torre Trump: dijo que era casi tres veces mayor que su tamaño real, y que valía 327 millones de dólares, según el fallo.

Esa discrepancia por parte de un promotor inmobiliario que describe la que es su propia casa desde hace mucho tiempo “sólo puede considerarse fraude”, escribió el juez.

La imagen exagerada de la riqueza de Trump podría haberle conseguido préstamos con condiciones más favorables o primas de seguros más bajas, argumentó la fiscal general.

El juez desestimó el argumento de Trump de que un aviso de exención de responsabilidad en los estados financieros lo eximía de cualquier responsabilidad de verificar que estos fueran veraces.

Según el fallo, las empresas de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) que controlan algunas de sus propiedades clave, como el Edificio Trump en Wall Street 40, serán “disueltas”, y la autoridad sobre cómo administrarlas se entregará a síndicos.

La orden del juez, si no se apela con éxito, podría significar que Trump ya no tendría ninguna voz sobre a quién contratar o despedir, a quién alquilar espacio de oficinas, si pagar préstamos o pedir otros nuevos; en esencia, ya no podría tomar ninguna decisión.

Lisa Renee Pomerantz, abogada de Bohemia, Nueva York, que ha ayudado a negocios a establecer empresas de responsabilidad limitada en el estado, dijo que cancelar los certificados es una orden judicial significativa porque no se puede operar sin ellos.

“Su derecho a realizar negocios ha sido revocado”, anunció Pomerantz. “Él simplemente perdió el control de estas entidades”.

Un punto importante es que el fallo también elimina una de las protecciones fundamentales de las empresas que dejan entrever las propias palabras “responsabilidad limitada”: el obligar a prestamistas y otros acreedores, como vencedores en un juicio legal, a ir únicamente tras los activos y el efectivo en poder de la empresa, no las acciones y el efectivo del dueño y otras propiedades suyas.

Al ser interrogado el miércoles por los abogados de Trump, Engoron postergó una discusión sobre si su orden sólo requería la aplicación de una sola acción, y respondió: “No estoy preparado para emitir un fallo en este momento”.

No obstante, lo que está claro es que es inusual que una LLC tan valiosa con edificios de oficinas y otras propiedades pierda licencias comerciales, por lo que los fideicomisarios podrían no sentirse inclinados a tomar una decisión tan drástica.

Y es improbable que sientan presión por parte de los prestamistas para vender si a ellos todavía les pagan. Determinar quién obtiene qué a partir de las ganancias de una venta sería una “pesadilla logística” si aparecen otros reclamantes sobre las propiedades de Trump, dijo Thomas. Ese grupo podría incluir a la propia fiscal general si gana en sus otros cargos y Trump tiene que pagar una multa.

Si los fideicomisarios deciden vender, Trump obtendrá el efectivo que quede después del pago a los acreedores.

La Organización Trump debe 100 millones de dólares sobre la Torre Trump. A los prestamistas del Edificio Trump, en Wall Street 40 —el rascacielos más valioso del expresidente— se les debían más de 125 millones de dólares este año.

El juez también sopesará posibles multas de 250 millones de dólares y algunas reclamaciones restantes en un juicio sin jurado programado para iniciar el 2 de octubre.

No obstante, el fallo sobre un cargo durante lo que se conoce como la fase de juicio sumario podría ser el desenlace más significativo del caso, dijo Will Thomas, profesor adjunto de derecho empresarial en la Universidad de Michigan.

“Este primer cargo, aunque es más fácil en algunos aspectos que los otros cargos, permite que uno de los mayores remedios entre en acción: ‘Vamos a impedirte hacer negocios’”, dijo Thomas. “Este es uno de los peores resultados que se pueden obtener”.

A menos que haya una apelación exitosa, Thomas dijo que no ve cómo la Organización Trump pueda evitar perder el control de sus empresas de responsabilidad limitada, que incluyen entidades como Wall Street 40, la Torre Trump y una propiedad en las afueras de la ciudad de Nueva York llamada Seven Springs. Una estrategia, que establece nuevas LLC en otro estado, es casi imposible frente a reclamos legales como el gravamen por parte de un acreedor o, en este caso, el fallo de un juez.

“Si alguien va tras tu casa, no puedes vendérmela por 1 dólar y hacer que yo te la venda después de que tu acreedor se vaya”, explicó Thomas. “Te vas a topar con lo que se llama transferencia fraudulenta”.

De hecho, la fiscal general acusó a Trump de intentar hacer eso cuando creó una empresa en Delaware el año pasado. Un abogado de Trump negó que haya habido cualquier intención indebida con la medida, pero el caso preocupó a Engoron, que decidió nombrar a una supervisora independiente, Barbara Jones, para vigilar a la empresa de Trump, función que ella conserva, según el fallo del martes.

La fiscal general Letitia James presentó la demanda civil contra Trump y la Organización Trump hace un año. Los acusó de exagerar sus ganancias en miles de millones de dólares al inflar rutinariamente el valor de activos, incluidos rascacielos, campos de golf y la propiedad Mar-a-Lago. Esto se dio luego de que los fiscales de Manhattan declinaran presentar cargos penales por la misma conducta.

Los abogados de Trump habían pedido al juez que desestimara el caso, argumentando que no había ninguna evidencia de que el público hubiera sido perjudicado y que muchas de las acusaciones en la demanda habían prescrito.

En una serie de declaraciones en su red Truth Social, Trump insistió en que su empresa había “hecho un trabajo magnífico” y que la decisión era “horrible e impropia de los estadounidenses”.

Su hijo Eric Trump dijo que las afirmaciones de su padre sobre Mar-a-Lago eran correctas, y que la propiedad se “especula que vale más de mil millones de dólares”, según una publicación en la red social X, antes Twitter.

El abogado de Trump calificó la decisión como un intento de “tomar control de propiedad privada”.

Este caso es uno de varios que enfrenta Trump, quien ha sido acusado penalmente cuatro veces en los últimos seis meses. Está acusado en Georgia y Washington, D.C. de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020; en Florida de retener documentos secretos en Mar-a-Lago; y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con dinero pagado en su nombre para silenciar a una actriz porno.

Mientras tanto, la Organización Trump fue multada con 1.6 millones de dólares en un caso no relacionado tras ser declarada culpable de fraude fiscal. La oficina de James también demandó anteriormente a Trump por malversación de fondos de beneficencia, lo que resultó en la orden de donar 2 millones de dólares a organizaciones benéficas mientras su propia fundación era cerrada.