EE.UU. sanciona a jueces de Nicaragua que quitaron la ciudadanía a opositores

Estados Unidos sancionó este miércoles a tres jueces de Nicaragua por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Entre las personas que quedaron sin pasaporte nicaragüense están los 222 presos políticos que fueron desterrados del país y enviados a Estados Unidos el pasado febrero, incluidas prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

Estados Unidos responsabilizó al juez Octavio Rothschuh, del Juzgado Primero de Apelaciones en lo Penal de Managua; al juez Ernesto Rodríguez, de la Corte de Apelaciones de Managua; y a la jueza Nadia Tardencilla, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito de Managua; todos ellos sancionados por el Departamento del Tesoro.

"Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo", advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.

El líder de la diplomacia estadounidense exigió además al Gobierno de Ortega la "inmediata e incondicional liberación" del obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado de su país en febrero.

Según el Tesoro estadounidense, el juez Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 presos nicaragüenses, el juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas, activistas y clérigos; y la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Álvarez tras condenarlo de traición.

"El régimen de Ortega sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial", denunció el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Como resultado de la acción de este miércoles, todas las propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedan bloqueadas y se prohíbe realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.