Demanda contra la ley No digas gay de Florida llega a Corte de Apelaciones

Un grupo de padres, alumnos y profesores de Florida que planteó una demanda contra la ley conocida como "No digas gay", que prohíbe hablar en la enseñanza primaria de identidad de género y orientación sexual, apeló ante una Corte federal, después de que un juez rechazará dos veces su acción legal.

Los demandantes, que alegan que dicha ley promovida por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, es inconstitucional, recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Distrito judicial de EE.UU., con sede en Atlanta (Georgia), según informaron este martes varios medios locales.

La demanda sostiene que la ley promulgada en 2022 viola el debido proceso constitucional, la igualdad de protección y los derechos de la Primera Enmienda, y también una ley federal que prohíbe la discriminación basada en el sexo en los programas educativos.

En el grupo de demandantes hay dos estudiantes, dos parejas de lesbianas con hijos en edad escolar, una mujer con hijos también estudiando y dos maestras.

Los demandados son la Junta de Educación y el Departamento de Educación de Florida y las juntas escolares de los condados de Broward, Manatee, Miami-Dade, Orange y Pasco.

El juez de distrito Allen Winsor desestimó en septiembre pasado la demanda por razones de forma y volvió a rechazar el 15 de febrero una nueva versión con el argumento de que los demandantes no habían "alegado hechos suficientes" para demostrar que tenían capacidad legal para impugnar la ley.

La ley de derechos parentales en la educación, como se denomina oficialmente, impide la instrucción sobre identidad de género y orientación sexual desde el jardín de infantes hasta el tercer grado.

La Administración de DeSantis ha indicado su intención de extender el ámbito de aplicación de la ley hasta octavo grado y ya hay radicados proyectos de ley en el Congreso para concretarlo.

Además, el 19 de abril, la Junta de Educación del Estado se pronunciará sobre unos cambio en la normativa que no requieren de aprobación parlamentaria y hacen más difícil tocar temas de orientación sexual o identidad de género en las clases hasta el grado 12.