Una Constitución digna

Vaya por delante mi flagrante desconocimiento de los asuntos jurídicos, más allá de lo imprescindible para el día a día. Como ciudadana, soy consciente de que las leyes están hechas para construir un entorno de convivencia ordenado y confiable. Nuestras leyes están escritas en español, lengua oficial de la República Dominicana. Los ciudadanos estamos obligados a respetar las leyes, pero también tenemos derecho a que estas leyes estén redactadas en un lenguaje claro y correcto. Independientemente de su contenido, que emana de nuestras decisiones con el voto y en el que no nos corresponde entrar aquí, las leyes tienen que estar escritas en un español correcto. ¡Qué menos podemos exigirles a nuestros legisladores!

El Diccionario panhispánico jurídico define el término constitución como la ‘ley suprema de un Estado, que regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos; ostenta una posición de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella establecidos’. La Constitución dominicana, nuestra ley suprema, que regula el Estado y garantiza nuestros derechos, está pendiente de una reforma inminente. ¿No sería una oportunidad de oro para corregir ciertos asuntillos ortográficos, gramaticales y léxicos?

La Academia Dominicana de la Lengua ha puesto a la orden de la Cámara de Diputados sus conocimientos lingüísticos y su experiencia para colaborar en que el texto constitucional, sea cual sea su contenido, lo exprese de manera clara y precisa. Aboga la Academia Dominicana de la Lengua por que nuestra Constitución se redacte en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos y, por supuesto, respetuoso de las normas del buen decir. No está sola en esto. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, de la cual formamos parte, auspician una política panhispánica de lenguaje claro y correcto como uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En 2012 Fabio J. Guzmán Ariza, académico de número y prestigioso jurista, analizó el lenguaje de nuestra Constitución. Los resultados de su investigación se recogen en la obra El lenguaje de la Constitución dominicana. Juzguen ustedes si no es necesaria esta corrección lingüística cuando, como destaca Guzmán, el ochenta y ocho por ciento de los artículos (245 de 277) contienen faltan ortográficas, gramaticales o léxicas.

¿Qué errores son los más frecuentes? Por su relevancia en la comprensión apropiada del mensaje, crucial en el lenguaje jurídico, destacan los usos inadecuados de los signos de puntuación. Basten los numerosos ejemplos de coma entre sujeto y predicado, también llamada, dramatizando el error, coma asesina o coma criminal; o de delimitación incorrecta de los incisos. Abuso de mayúsculas, tildes incorrectas, errores en la escritura de símbolos y números, suma y sigue. Todo esto sin abundar en los usos léxicos incorrectos o que denotan falta de claridad o de precisión. El trabajo, por tanto, está hecho; solo falta voluntad política y ciudadana para darnos una Constitución escrita en un español digno del que hablamos y nos merecemos los dominicanos.