Peralta afirma que ley de DNI se declaró inconstitucional por "error procedimental", no de contenido

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró este domingo que la sentencia TC/0767/24 del Tribunal Constitucional que declaró no conforme con la Constitución la Ley núm. 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se fundamenta en un error del procedimiento en la creación de esa norma por parte del Congreso Nacional.

En una declaración oficial, Peralta sostiene que por esa razón, de que no se cumplió con los requisitos que establece la Carta Magna para elaborar una ley, los jueces del TC consideraron innecesario cuestionar el fondo o el contenido de la misma.

Explicó que, según el fallo, la Ley 1-24 "fue aprobada en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica”.

En lo relativo al vicio de procedimiento esgrimido en la sentencia, el funcionario dijo que el tribunal concluyó que el Congreso no convocó a sesión como establece la Constitución debe convocarse para una ley orgánica.

En el comunicado de prensa, el funcionario agrega que el Tribunal Constitucional subrayó que la nulidad responde exclusivamente a un aspecto formal, "ya que no se respetaron las reglas de convocatoria para su tratamiento. Este fallo pone énfasis en la necesidad de seguir los procedimientos legislativos con rigor”.

El Poder Ejecutivo expresó su respeto y acogida al criterio del órgano de control y de interpretación constitucional y resaltó "su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas".

Expresó que, aunque la sentencia no las señala explícitamente, las irregularidades mencionadas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional. 

Recordó hay otra propuesta fruto del consenso

Antoliano Peralta recordó que el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el gobierno y diversos actores de la sociedad civil.

Reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional.