Comisión del Senado aprueba cambios a la criticada ley de la DNI

Una comisión de senadores que estudió varias modificaciones a la criticada ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sometió un informe favorable que permitiría que la normativa sea sometida a votación este miércoles durante una sesión de los congresistas.

Después de escuchar las observaciones de los directivos de varios medios de comunicación y de funcionarios del Gobierno, la Comisión de Interior y Policía del Senado decidió rendir un informe acogiendo los cambios a la ley y proponiendo que el nuevo proyecto sea aprobado en la Cámara Alta.

Cuando fue aprobada, en enero de este año, la ley de la DNI recibió críticas por la forma en que fue estudiada en el Congreso y por contener artículos que atentarían contra la libertad de prensa y la privacidad de los ciudadanos.

En esencia, el objetivo de la ley es convertir el Departamento Nacional de Investigaciones en una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que tendría acceso a datos confidenciales y que exigiría información privada sin ningún tutela judicial.

En específico, uno de los artículos de la normativa establece que la DNI podrá pedir información confidencial a las instituciones y a los ciudadanos sin la necesidad de la orden de un juez.

Este mandato fue cambiado en la reforma de la ley que se sometió al Congreso y, a partir de su aprobación, la DNI necesitará el permiso de un juez para acceder a datos e informaciones privadas de cualquier dominicano.

Otro cambio importante es la introducción de un sistema de rendición de cuentas ante el Congreso u otro organismo designado. Esto permitiría una mayor supervisión sobre el uso de los recursos y las actividades de la DNI.

La propuesta que cambiaría la ley también establece una delimitación precisa de las competencias de la DNI para evitar superposiciones con otras agencias de seguridad. La versión original permitía un rango amplio de actuación sin precisar sus áreas de intervención.

La ley aprobada en enero permitía intervenciones de comunicaciones con menos restricciones, pero ahora el proyecto establece requisitos más estrictos. Toda intervención deberá contar con autorización judicial, evitando así abusos y protegiendo la privacidad.