Aprueban proyecto de ley para que deuda se mantenga por debajo del 40 % del PIB en el 2035

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, una iniciativa en la que el Gobierno se comprometería a mantener su deuda total por debajo del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El proyecto fue sometido originalmente por el Poder Ejecutivo en el Congreso, pero perimió varias veces por falta de aprobación y fue reintroducido por Julito Fulcar, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados.

El artículo cuatro de la pieza dispone que el Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar que, a finales del año 2035, el balance total de la deuda, tanto interna como externa, no supere el 40 %.

El aspecto señalado en el artículo cuatro provocó que los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo dieran su voto a favor de la propuesta, que pasó en segunda discusión con 110 votos y ahora se dirige al Senado.

En caso de que se produzca un aumento de los ingresos fiscales, un párrafo del artículo cuatro del proyecto ordena que el Ministerio de Hacienda podrá ajustar la disposición tras sustentarla con informes técnicos e informes de justificación que serán presentados al Congreso.

El mismo proyecto, en su artículo ocho, establece que cualquier proyecto de ley que implique un aumento en el gasto público, deberá estar acompañado de un plan que garantice su financiamiento a mediano y largo plazo.

"El proyecto debe señalar las nuevas fuentes de financiamiento acorde con los dispuesto en este artículo", sostiene el documento congresual que contó con un informe favorable.

Asimismo, la propuesta argumenta que cualquier proyecto tendente a crear nuevos ministerios o entidades públicas, deberá considerar los límites presupuestarios de gastos que instaura la regla fiscal.

Exoneraciones

El proyecto de ley de responsabilidad fiscal también impone límites a las exoneraciones fiscales otorgadas en el país y, de acuerdo con varios artículos, manda a que los beneficios tengan una vigencia de 15 años.

Además, dispone que se ejecute un estudio que establezca los beneficios de la exoneración y la estimación anual del sacrificio fiscal que generará el beneficio de impuestos.