La CIJ busca un marco jurídico para proteger el medioambiente
A partir del lunes, abogados y representantes de más de cien países y organizaciones presentarán sus declaraciones ante este tribunal internacional
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inicia la próxima semana unas audiencias inéditas con el objetivo de establecer un "marco jurídico" sobre cómo los países debieran proteger el medioambiente y pronunciarse sobre las consecuencias si no lo hacen.
A partir del lunes, abogados y representantes de más de cien países y organizaciones presentarán sus declaraciones ante este tribunal internacional con sede en La Haya, en Países Bajos, que es la máxima instancia judicial de la ONU.
Las expectativas de los activistas del medioambiente respecto a este proceso son dispares. Algunos consideran que la opinión de los jueces de la CIJ tendrá un impacto en la lucha contra el cambio climático.
Otros temen que la petición de un dictamen consultivo no vinculante, que tendría el respaldado de esta instancia de la ONU, en realidad tenga un efecto limitado y probablemente tarde meses, o años, en emitirse.
Estas audiencias empiezan días después del cierre de las ásperas negociaciones climáticas en la COP29 de Azerbaiyán, en las que los países desarrollados se comprometieron a financiar con al menos 300,000 millones de dólares anuales la adaptación y la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo, de aquí a 2035.
Los países en desarrollo tacharon de "insulto" el acuerdo que, además, no menciona ningún compromiso mundial para dejar los combustibles fósiles que provocan en gran parte el calentamiento del planeta.
"No es una amenaza lejana"
El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para remitir dos preguntas clave a los magistrados de la CIJ.
La primera es qué obligaciones tienen los Estados en virtud del derecho internacional respecto a la protección del sistema climático de la Tierra contra las emisiones de gases de efecto invernadero.
La segunda es cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de estas obligaciones dado que los Estados "por acción o por omisión, han causado daños importantes al sistema climático y a otros elementos del medioambiente".
La segunda cuestión evoca también las posibles responsabilidades jurídicas de los Estados por los daños causados a países pequeños más vulnerables y a sus poblaciones, especialmente en el Pacífico.
"Para nosotros, el cambio climático no es una amenaza lejana", declaró Vishal Prasad, director del grupo Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático (PISFCC, por sus siglas en inglés).
"Está cambiando nuestras vidas en la actualidad. Nuestras islas están en peligro", dijo Prasad en declaraciones a la prensa días antes del inicio de estas audiencias en el Palacio de la Paz.
Su grupo de 27 estudiantes lanzó una campaña en 2019 para llevar la cuestión climática ante la CIJ que, después de generar consenso en las naciones insulares del Pacífico, llegó a Naciones Unidas.
El año pasado, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución para solicitar un dictamen consultivo a la CIJ.
¿Hacia un "marco jurídico"?
Joie Chowdhury, jurista del Centro de Derecho Ambiental Internacional, con sede en Estados Unidos y Suiza, no espera que el dictamen de la CIJ "aporte respuestas muy específicas".
Al contrario, esta experta prevé que la corte ofrezca "un marco jurídico (...) a partir del que puedan decidirse cuestiones más específicas".
"Una de las cuestiones realmente importantes (...) es determinar qué comportamiento es ilegal", estimó la jurista.
Algunos de los principales contaminantes del mundo, entre ellos los tres principales emisores de gases de efecto invernadero (China, Estados Unidos e India), figuran entre los 98 países y 12 organizaciones que deben presentar sus observaciones.
Los procedimientos empiezan el lunes con las declaraciones de Vanuatu y de un grupo intergubernamental de países de la subregión Melanesia, en el que están representados el mismo Vanuatu, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Indonesia y Timor Oriental.
Durante las dos semanas de audiencias previstas, otras instancias como la Unión Europea o la Organización de Países Exportadores de Petróleo deberán expresar también su posición.
"Con este dictamen consultivo, no estamos aquí solo para hablar de lo que tememos perder", sino también "de aquello que podemos proteger y aquello que podemos construir si nos mantenemos unidos", indicó Prasad.
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