Gestión de residuos sólidos: las transformaciones que supone para las empresas

República Dominicana ha dado un importante paso hacia la sostenibilidad ambiental y el cuidado del entorno con la promulgación de la Ley General Sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley No. 225-20).

Esta legislación representa un hito histórico en la búsqueda de soluciones para la problemática del manejo de residuos en el país y establece un marco jurídico sólido y transformador que impulsa un cambio positivo para la sociedad y el medio ambiente.

La Ley de Residuos Sólidos tiene como objetivo principal dar un mejor uso a los desechos, proteger el medioambiente, salvaguardar la salud de la población y reducir la generación de gases de efecto invernadero.

La implementación de esta Ley abarcará la regulación de los sistemas de recolección, transporte y barrido de los residuos sólidos, así como la gestión de sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización, entre otros aspectos.

Un pilar fundamental de esta legislación es la Responsabilidad Extendida del Productor, Importador y Comercializador (REPIC). Esta figura implica que los productores, importadores y comercializadores asuman la responsabilidad sobre los residuos generados por sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Es decir, desde su diseño y producción, pasando por su distribución y comercialización, hasta su uso y disposición final. La REPIC es clave para reducir la generación de residuos y promover la economía circular, donde los productos se reciclen y reutilicen, minimizando así su impacto ambiental.

Qué supone la ley

La implementación de la ley permitirá reducir hasta un 40% del problema de desechos a nivel nacional, que alcanzaba aproximadamente 7.3 millones de toneladas por año para el cierre del año 2020, según datos de la Liga Municipal Dominicana.

Además, el Fideicomiso DO Sostenible, figura creada en el marco de esta normativa, ha aprobado tres grandes sitios de disposición final en La Altagracia, Gran Santo Domingo y Santiago, para un manejo integral de 3,000 toneladas diarias de residuos.

Estas acciones se traducen en una significativa reducción del impacto ambiental causado por la generación de residuos sólidos en el país.

Así, el Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos, creado bajo la Ley de Residuos Sólidos, servirá como vehículo para canalizar los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos y programas enfocados en el manejo sostenible de los residuos.

Este fideicomiso permitirá financiar infraestructuras y tecnologías que faciliten el reciclaje y la valorización de los materiales, así como campañas educativas para promover la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental en la ciudadanía.

La Ley representa un cambio significativo para las empresas en República Dominicana, entre otras cosas, por la incorporación de la Responsabilidad Extendida del Productor, Importador y Comercializador, que implica que las empresas deberán asumir un rol activo durante todo el ciclo de vida de sus productos, desarrollando planes post consumo que aseguren la reintroducción de sus productos en la economía circular y su reutilización.

Esto, sin dudas, requerirá cambios culturales y ajustes en las prácticas empresariales, pero también brinda oportunidades a las organizaciones para destacar en términos reputacionales y demostrar un compromiso sólido con la ética y el cuidado del entorno.

La REPIC también impulsa una mayor transparencia y rendición de cuentas en materia de sostenibilidad. Las empresas deberán incorporar los valores de ESG (Environmental, Social, and Governance) asociados al marco jurídico en su relato corporativo.

De esta manera, se evidenciará que el cumplimiento de la ley no es solo una obligación legal, sino un reflejo del compromiso de la empresa con la ética y el cuidado del entorno.

Qué representa para las empresas

Otra buena noticia es que la Ley de Residuos Sólidos también representa una oportunidad para generar valor y nuevas oportunidades de negocio para empresas comprometidas con la sostenibilidad y la economía circular.

Los emprendimientos que prestan atención a la gestión de residuos, su clasificación y valoración, encuentran un ambiente propicio para crecer y contribuir al cuidado del medioambiente.

La Ley establece un régimen de incentivos para estas empresas, incluyendo exoneraciones fiscales y facilidades para adquirir maquinarias y equipos necesarios para sus operaciones.

Asimismo, se habilitan instrumentos económicos como la contribución especial obligatoria y la creación del fideicomiso para la gestión integral de residuos, que permitirán financiar la implementación de la ley y proyectos verdes en el país.

Para que las empresas se preparen adecuadamente para los cambios que trae consigo la Ley de Residuos Sólidos, es necesario adoptar un enfoque transversal que abarque diferentes áreas de la organización.

Esto implica desarrollar una cultura corporativa que promueva la sostenibilidad y la gestión responsable de los residuos, sensibilizando a los empleados sobre la importancia de esta temática y brindándoles la formación necesaria para implementar prácticas sostenibles en su trabajo diario.

Además, las empresas deben evaluar su cadena de suministro y establecer criterios de sostenibilidad para sus proveedores. La colaboración con proveedores comprometidos con prácticas sostenibles permitirá reducir el impacto ambiental de la empresa en toda su cadena de valor.

Por tanto, la adopción de tecnologías y procesos más eficientes también resultan claves para la gestión responsable de residuos.

Además, la implementación de sistemas de reciclaje y valorización, así como la optimización de la gestión de desechos en todas sus etapas, permitirá a las empresas cumplir con las exigencias de la ley y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio en el ámbito de la economía circular.

Dicho de otra manera, si bien con el marco normativo sobre gestión de residuos se exige una inversión de las empresas en tecnificación, herramientas de gestión y cambio de cultura organizacional, lo cierto es que, en términos de costo-beneficio, estos últimos son mayores.

Y un punto a destacar es que las perspectivas positivas que ofrece la Ley tienen mucho que ver con el hecho de que fue una pieza construida mediante el consenso de todos los sectores involucrados.

Así, posee mayor legitimidad ante los grupos de interés. Aquí entra también, el hecho de que el fideicomiso es alimentado por fondos públicos y privados.

De este modo, la dinámica de acción potencia el enfoque de soluciones de las políticas públicas con la perspectiva de competitividad del entorno corporativo.

De cara a la agenda 2030, este puede considerarse un buen modelo de acción es el número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propone las alianzas público-privadas como un motor del desarrollo.

En definitiva, hay cinco ejes clave que pueden desprenderse de todo este contexto, en el marco de la gestión de las empresas y sus marcas:

1. El abordaje de la gestión de residuos como parte de la filosofía corporativa. Es una cuestión ética, por encima de cualquier otro aspecto.
2. El establecimiento de políticas claras sobre la aplicabilidad de mecanismos para garantizar la Responsabilidad Extendida. Esta figura viene de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de hecho, la Unión Europea tiene todo un marco en torno a esta cuestión. Y al final, lo que se propone es establecer relaciones comerciales y encadenamientos productivos basados en el compromiso común.
3. Cómo se comunican estas acciones. Si por un lado conviene señalar que se está alineado con la ley de residuos, por el otro, los mensajes clave precisan establecer vínculos entre los valores corporativos, lo que se está haciendo y el impacto genuino de estas acciones. Una historia mal contada, podría representar un daño reputacional.
4. El fortalecimiento de las alianzas y la identificación de acompañamiento son determinantes. La ley tiene dos formas de abordarse: una, desde la ley del mínimo esfuerzo, cumpliendo con los estándares establecidos, y la otra, centrándose en contar con un elemento diferenciador. Y este puede venir por la vía de las alianzas estratégicas y el acompañamiento que se construya en torno a las políticas de ESG de la empresa.
5. Relación con los actores involucrados. Toda esta visión precisa de consolidar un liderazgo como sujeto activo en las comunidades. Así, desde los clientes internos hasta la ciudadanía residente de comunidades cercanas a la empresa, pueden involucrarse en los procesos de gestión de residuos que impulse la empresa.

Teniendo en cuenta este panorama, queda preguntar: “¿Qué nos falta?”. Y respondo: “Pensar a futuro”. Si bien debemos reconocer el esfuerzo que realizan algunas empresas en la recolección y procesamiento de sus productos, es preciso abrir nuevos mecanismos para fomentar la recuperación de residuos.

Una propuesta a considerar está en la creación de incentivos fiscales por toneladas de recuperación, comparado con las emisiones en el mercado, de manera tal que las empresas se motiven a asumir esta transformación como parte de su modelo de negocio.