Peruanos afectados por metales tóxicos reclaman justicia ambiental

Cargando cruces negras, medio centenar de personas afectadas por metales tóxicos protestaron este jueves en Lima para exigir al gobierno que acabe con la contaminación que producen las empresas mineras y petroleras en Perú.

"Hay peruanos que están tomando agua que tiene arsénico, plomo, cadmio superando los limites permitibles", aseguró a la AFP la activista Elsa Benavente, subsecretaria nacional de la plataforma de metales tóxicos.

Los manifestantes protestaron frente al ministerio del Ambiente con carteles que leían "OEFA cumple tu rol de fiscalización", o "Basta de impunidad ambiental".

La OEFA es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y depende del Ministerio del Ambiente.

"Están identificados los lugares, la población y cuáles son los elementos contaminantes, pero hasta ahora no se hecho nada", se quejó Benavente, de la región minera Huancavelica. 

"Me encuentro reclamando nuestros derechos, ya existen niños con metales pasados en su sangre", dijo la agricultora Janet Silva, que llegó a manifestar desde Challhuahuacho, en la región andina de Apurímac.

"Tenemos temor. Las comunidades ya no pueden comer tranquilamente lo que producen", indicó Silva, que siembra papa y cereales.

Según las organizaciones ambientalistas, tres de cada diez peruanos están expuestos a metales pesados en el ambiente.

"Hay muchos derrames de petróleo que están afectando nuestros ríos y el agua ya no es segura", dijo Milton Saquiray de la región amazónica de Loreto.

Las comunidades han creado la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, presente en 15 de las 25 regiones del país. 

En estas regiones, la presencia de actividades extractivas como la minería y el petróleo han dejado una estela de contaminación y derrames que afectan la salud de comunidades enteras, con habitantes de todas las edades con plomo, mercurio y otros metales en el organismo.

Perú fue condenado en marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a un "medio ambiente sano" de los habitantes de la ciudad minera andina La Oroya.

La Corte ordenó que Perú haga un diagnóstico sobre la contaminación de aire, agua y suelo en La Oroya y que brinde atención médica gratuita a las 80 víctimas que denunciaron al país.

La ciudad minera de La Oroya fue catalogada en 2006 como una de las 10 más contaminadas del mundo debido a la fundición de metales pesados.