Gobierno de Hipólito pagó en 2004 por terrenos en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco

Las demandas de justiprecio presentadas contra el Estado por un particular que asegura ser propietario del 70% de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco continúan en los tribunales dominicanos, siendo el último acontecimiento el aplazamiento de la audiencia de conocimiento del caso para el 22 de marzo por disposición del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

A propósito del caso, el abogado del abogado Tomás Rosendo Dantés-Castillo ha manifestado que su defendido reclama en justiprecio 700 kilómetros cuadrados de unas tierras heredadas de su padre, que fueron declaradas de utilidad pública en 1983, debido a que estas parcelas estaban dentro del área protegida.

De acuerdo a Dantes- Castillo, sus demandas se basan en una sentencia del 22 de noviembre de 1967 de la Suprema Corte de Justicia, que impugnó una sentencia del Tribunal Superior de Tierras del 22 de junio de 1966. En la decisión de la Suprema Corte, José Luperón Flores y Porfirio Dantes Castillo (padre de Tomás Rosendo), tuvieron ganancia de causa sobre la parcela No. 3866 del Distrito Catastral No. 3 del Municipio de Duvergé, sección Angostura.

¿Cuándo ya quién pagó Hipólito?

 

De acuerdo a Tomás Dantes-Castillo, a diferencia de él, los herederos de José Luperón Flores sí recibieron el pago de RD$325 millones por la expropiación de sus parcelas dentro del área protegida. A mediados de julio de 2004, un mes antes de que el entonces presidente Hipólito Mejía entregara el poder, se hizo el pago a los herederos de Luperón Flores a través de Puerto Escondido SA. 

Uno de los herederos de Luperón Flores fue Rafael Flores Estrella, quien fue diputado y subsecretario de Turismo durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández (1978-1982) y secretario de la Presidencia en el de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), ambos gobiernos del entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Con el proyecto Puerto Escondido SA a cargo del entonces secretario administrativo de la Presidencia, Rafael Flores Estrella, se intentó desarrollar un gran proyecto forestal con los bosques de pino en el lindero norte. 

Además, se quiso establecer un proyecto para la producción de flores bajo la empresa Flores y Flores SA Lo que generó una lucha ambientalista mediática. Eleuterio Martínez, actual presidente de la Academia de Ciencias, tuvo que renunciar en ese momento a la Dirección Nacional de Parques y fue perseguido por los órganos de inteligencia.

Con el regreso del presidente Joaquín Balaguer al poder (1986), se paralizó toda actividad que pudiera poner en riesgo el parque. Se sometió a la justicia dos ingenieros forestales, empleados de Flores Estrella.

En 1987, Flores Estrella enfrentó un proceso judicial y recibió condena un año después, específicamente por cargos relacionados con la gestión irregular de fondos provenientes de una cuenta especial de la Presidencia de la República.

En un clasificado del 20 de julio de 2004, cerca de un mes antes del PRD entregar el poder, se publica en un medio impreso de circulación nacional, una fe de errata por la Secretaría de Estado de Finanzas donde la Comisión Evaluadora de la Deuda Pública Interna del Estado aclara que el monto pagado a Puerto Escondido SA es RD$325 millones en lugar de $1,003 millones, tal y como se había publicado unos días antes en el mismo medio.

Flores Estrella murió en octubre de 2010 de cáncer de próstata.

También se pagó en Valle Nuevo

Es importante resaltar que el 4 de noviembre de 2003, en su papel como presidente, Hipólito Mejía rubricó el decreto 1047-03, argumentando la relevancia para el Estado Dominicano de preservar sus áreas protegidas para el desarrollo sostenible de sus recursos naturales. En virtud de este decreto, se declararon de utilidad pública e interés social los terrenos y mejoras comprendidas entre las parcelas 1-A y 2-A del distrito catastral No. 4 de San José de Ocoa, situadas en el Parque Nacional Valle Nuevo.

Estas parcelas, en parte propiedad de las empresas Empresa Agrícola y Ganadera, C. por A., y Compañía Sociedad Comercial y Ganadera, C. por A., representadas por Jaime de Jesús Guzmán Abreu, descendiente directo de José Delio Guzmán Domínguez, recibieron el 10 de agosto, seis días antes de la conclusión del mandato en 2004 de Hipólito Mejía, una compensación de RD$243,000,000 en bonos del Estado por la expropiación.