Si usted tuvo salud…
La prisión para siete acusados es por la gravedad de la acusación, no por el ruido en la calle
“Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado; entonces tenga salud para responder por ese crimen”. Yeni Berenice vuelve a dar en el blanco.
El país ha visto cómo algunos imputados llegan al tribunal con informes médicos, acompañamiento legal y condiciones de comodidad, mientras miles de personas afectadas por el desvío de fondos públicos nunca reciben una explicación, mucho menos una reparación.
Que no se desvíe la atención. Lo que acaba de ocurrir es una medida de coerción. Y el juez entendió que existen los elementos para enviar a siete de los acusados a prisión, no por lo que ocurrió en la calle, sino por la gravedad de las acusaciones.
La contundente solicitud de medida de coerción del Ministerio Pública muestra que el caso no involucra solamente fondos públicos, sino redes con intereses contrapuestos, responsabilidad compartida y sectores con capacidad de influencia.
En un escenario así no se puede subestimar el poder. La prisión de los imputados no debe justificarse por un grupo haciendo ruidos en la calle. No estar bajo la protección de la seguridad del Estado puede permitir que surjan presiones, maniobras o amenazas provenientes de personas que aún no figuran en la acusación, pero que podrían verse comprometidas si los imputados colaboran con la investigación.
La decisión del juez también revela el nivel de exposición jurídica de los encartados: asociación de malhechores, estafa al Estado, desfalco, soborno, coalición de funcionarios, falsificación, delitos tecnológicos y lavado de activos en varios de los acusados. Cargos que no son menores y que por la cantidad de dinero que indicó el Ministerio Público, evidentemente se puede tratar de una estructura con múltiples capas.
Pero también está la capacidad del imputado de ejercer presión. Es lógico que en una investigación que ahora tiene ocho meses para ser presentada se trate de influir sobre testigos.
Y luego está la corrupción per se. Este nivel de corrupción no puede verse como cualquier cosa. Cuando recursos destinados a servicios esenciales se desvían, se limita el acceso a salud, se deteriora la calidad de los hospitales, se reducen tratamientos y se afecta la capacidad del Estado para atender emergencias.
La desigualdad en el acceso a la justicia marca el ritmo del país. El deber del Estado es ofrecer un trato respetuoso a todos. El derecho a ser juzgado con igualdad no debería depender del estatus social ni de la bandería política.