La investigación

En Estados Unidos un complejo proceso legislativo marcha sin prisa, pero sin pausa. Se trata de la investigación de la Cámara de Representantes al asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. 

Allí, poco a poco, el comité encabezado por la mayoría demócrata, con el apoyo de unos pocos republicanos, ha ido montando una narrativa espeluznante que prueba cómo el entonces presidente Donald Trump, junto a cercanos colaboradores, avivó las masas para tomar el recinto legislativo por la fuerza y dirigió desde la Casa Blanca un intento para revertir las elecciones del 2020.

Los principales colaboradores de Trump, entre los que se cuentan sus hijos, su yerno y sus principales funcionarios, como el hoy exsecretario de Justicia, William Barr, han declarado ante el comité que Trump estaba convencido de un realidad que no era cierta, la cual establecía que era víctima de una conspiración demócrata para robarle las elecciones, lo cual lo llevó a intentar revertir el resultado eleccionario y a respaldar el uso de la violencia el 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

El último capítulo de esta investigación se dio el martes pasado, cuando oficiales electorales y políticos de Georgia y Arizona, todos republicanos, contaron cómo Trump los presionó para encontrar votos que lo certificaran como ganador en esos estados, a lo que estas personas se opusieron y, desde entonces, han pagado el precio, al ser sometidas a un constante hostigamiento político, personal y familiar.

Viendo las vistas me he quedado frío al conocer lo bajo que ha caído la democracia estadounidense, la cual fue referente del mundo y se vende todavía como el ejemplo a seguir. Este proceso legislativo ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema, por lo que tomar medidas para reparar esas debilidades debe ser prioridad.

El problema es que Estados Unidos no parece listo para juzgar a un expresidente como Trump, lo que agravará la crisis de reputación del país, a menos que algún valiente quiera enfrenar a la bestia e inmolarse.