Estudios de organismos internacionales sobre Gobernanza Digital en República Dominicana

La OGTIC encargó en 2022 a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizar un estudio para identificar y definir el modelo de gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental que adoptará el país para robustecer los procesos dentro de las instituciones públicas.

En el informe, entregado oficialmente en noviembre 2022, la CEPAL realizó un levantamiento de información tanto en lo técnico, como en los ámbitos regulatorio, normativo y legal, para identificar las brechas que se deben abordar para definir el modelo de gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental que se necesita.

Otro estudio relevante, también publicado en 2022, fue el realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) relacionado con una Revisión Multidimensional de la República Dominicana, que incluyó un análisis a profundidad sobre el marco institucional y legal de la transformación digital en nuestro país, señalada por ellos como potencial motorizadora de la inclusión y desarrollo sostenible del país.

Una de las conclusiones de la investigación de OCDE consistió en identificar que el marco institucional dominicano, especialmente en lo relacionado a la adopción tecnológica, necesita avanzar hacia “instituciones públicas más creíbles, capaces, abiertas e innovadoras”. Además, señala como una de las principales barreras para implementar este tipo de políticas públicas “la fragmentación institucional y falta de coordinación, tanto vertical como horizontal”.

Por último, OCDE recomienda que RD, en materia de transformación digital, “asigne claras responsabilidades y poderes de implementación adecuados a un cuerpo de alto nivel para liderar la Agenda Digital 2030”, sugiriendo que esto venga acompañado apropiaciones presupuestarias definidas y con incentivos de articulación.

Mejores prácticas en la región

América Latina, al igual que el resto del mundo, ha ido avanzando en la configuración normativa e institucional apropiada para impulsar la transformación digital de la Administración Pública y la sociedad en general.

Es por ello por lo que en la región vemos que la transformación digital cuenta con un órgano rector especializado con nivel de ministerio en 12 países (Ecuador, Costa Rica, Honduras, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina, El Salvador, Perú y Guatemala) o con una agencia especializada dependiente de la Presidencia en otros 6 (México, Chile, Panamá, Uruguay, Nicaragua y Bolivia). La única excepción es RD.

Argumentos en contra

La principal resistencia a la idea de un órgano rector de la transformación digital y la innovación en RD provendría naturalmente de las entidades que tienen actualmente alguna incidencia de facto. Sin embargo, como hemos visto, ese status quo no nos ha permitido mejorar el desempeño en dos décadas en materia de desarrollo digital e innovación. Pero también hay que tomar en cuenta a la histórica resistencia de la ciudadanía a que se creen nuevas entidades públicas, debido principalmente a experiencias pasadas con otros sectores en los que se crearon diversas entidades, algunas de naturaleza temporal, que a la larga se mantuvieron consumiendo presupuesto y su razón de ser se fue diluyendo.

Sin embargo, ahí tenemos los ejemplos del Ministerio de Turismo (MITUR) en 1979 y del Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED) en 2021. El MITUR fue una apuesta disruptiva y visionaria de finales de la década de los 70s, cuando aún RD dependía primariamente de la agricultura y minería, pero que desde entonces el turismo se perfilaba como la gran alternativa para diversificar nuestra economía, de la cual efectivamente terminó siendo su principal tractor. Igual con MIVED se logró eficientizar la política habitacional del Gobierno, la cual estaba anquilosada en la burocracia del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Ese paso significó la eliminación de varias entidades que hacía años habían perdido su razón de ser, como el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Otro ejemplo, en este caso no ministerial, es el relacionado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el cual, aunque aún tiene mucho por fortalecer en su rol rector, desde 2017 vino a organizar uno de los sectores más dispersos en la Administración Pública, eliminando entelequias institucionales como el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Choferes.

En pleno siglo XXI, donde la transformación digital y la innovación son los principales motores económicos de los países más desarrollados, crear un órgano rector de estos temas luce ser la opción correcta, al tiempo que permitiría organizar tan estratégico sector, transfiriendo y fusionando las entidades relacionadas al tema.

Conclusiones

A casi 20 años de la realización de la primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003) en Ginebra, Suiza, RD aun no cuenta ni con un marco legal ni una institución que efectivamente impulse la innovación y la transformación digital en la Administración Pública, en todos sus niveles de gobierno, ni tampoco en la sociedad en general. Solo se han acumulado durante dos décadas una serie de iniciativas aisladas y dependencias con poca fuerza legal, institucional y/o financiera para lograr metas concretas en el mediano y largo plazo, y mucho menos al ritmo que lo hace el resto de la región latinoamericana y demás países del mundo.

Aunque contamos ya con una Agenda Digital 2030, primera estrategia nacional de largo plazo en materia de transformación digital, y con una Política Nacional de Innovación 2030, no existe aún una institución con la capacidad institucional y financiera para garantizar su ejecución y cumplimiento de objetivos.

Esta situación coloca a RD en seria desventaja ante las demás naciones de América Latina, dado que la adopción tecnológica y la innovación son hoy por hoy, como hemos visto, un factor clave para impulsar la competitividad y el desarrollo social y económico en el contexto de la Era Digital en que vivimos.

Crear el marco legal e institucional adecuado para asumir estas tareas, y no solo concentrarse en los procesos internos y servicios ofrecidos por la Administración Pública, sino que también impacte armónicamente a todos los sectores económicos y sociales, colocaría al país en una mucho mejor posición para enfrentar ese desafío.

La nueva institución deberá implementar el gobierno digital o electrónico velando por la adopción de los nuevos paradigmas; racionalizar y orientar el gasto TIC del sector público; promover la adopción tecnológica en organizaciones, empresas y ciudadanos; regular y promover el aprovechamiento de tecnologías altamente disruptivas como la Inteligencia Artificial, Blockchain, Big Data, entre otras; mientras crea y fomenta una cultura innovadora en nuestro país…sin dejar a nadie atrás.

En otras palabras, la nueva entidad deberá implementar la Agenda Digital 2030 y la Política Nacional de Innovación 2030 y las subsecuentes actualizaciones de dichas estrategias.

Solo así podremos en verdad construir una RD más innovadora, más productiva, más competitiva y más inclusiva en la Era Digital.