Acotaciones finales sobre la reforma de las pensiones

Tres recientes declaraciones en la prensa me obligan a publicar mi última y terminal intervención en el tema de pensiones. En primer lugar, el Presidente de la República ha manifestado que se propone acelerar las reformas pendientes, con lo cual estamos plenamente de acuerdo. En segundo lugar, un artículo en espacio pagado por un reconocido empresario plantea admonitoriamente que cuidado con tocar el régimen bajo administración de las AFP, que solo se requieren ligeros ajustes, y plantea que muchas pensiones son bajas porque los salarios son bajos. En tercer lugar, la Vice Presidenta de la República coincide con lo manifestado por el articulista en un evento sobre pensiones, y plantea que mejoras salariales contribuirán a mejorar los balances en las cuentas individuales y generar pensiones dignas.

Antes de que se aplique una reforma inapropiada, condenando a cientos de miles de pensionistas a la indigencia, procede aclarar algunos conceptos erróneos. En primer lugar, ajustes salariales del 200% o del 300% contribuirían a generar mejores pensiones a mediano plazo (10/20 años), debido al impacto del legado de tasas bajas de acumulación actuarial durante las primeras dos décadas. Pero: ¿y qué pasaría con los costos de producción y la inflación? Según la teoría de las pensiones, el objetivo básico de un sistema de pensiones es asegurar un nivel de vida en la etapa post-retiro igual a la que disfrutaba el trabajador en su etapa activa. Al aumentar los salarios, el trabajador también ajusta su estilo de vida. En consecuencia, lo importante son las tasas de reemplazo (porciento de pensión sobre el salario al retiro), y esto NO se logra con ajustes salariales modestos, que también impactan los costos de producción, ni con el modelo pensional actual, con ganancias de las AFP administrando fondos cautivos de tres dígitos porcentuales, generando ganancias superiores en valor nominal al total de ganancias del sistema bancario.

En base a nuestra experiencia internacional de más de medio siglo en decenas de países, hemos sometido al Poder Ejecutivo, a través de una prestigiosa Universidad, lineamientos sobre el modelo pensional deseable en el país, con neutralidad de costos para los empleadores, que son penalizados con una proporción sustancial de los aportes a las cuentas individuales, esperando todavía una reacción positiva a nuestra propuesta de colaboración con carácter honorífico. La propuesta mantiene congelada las bases de financiamiento de las AFP y plantea un segundo pilar de pensiones de reparto, similar al modelo de América del Norte y Europa Occidental, con administración publico/privada (IDOPPRIL modificado) y alimentado con una fuente diversa de fondos, incluyendo ganancias del IDOPPRIL, el Fondo de Solidaridad y aportes adicionales de los asegurados. Ahora que se plantea un ajuste salarial general (en ningún país del mundo se puede aspirar a pensiones del 50% al 60 % del salario con aportes de los asegurados del 2.88% a las CCI), debe ponderarse un modesto aporte de los asegurados al nuevo Fondo Complementario de Reparto.

Debido a la fragmentación del sistema de pensiones en República Dominicana, con más de la mitad de la empleomanía del sector público bajo un sistema de reparto, la reforma debe ser aplicada en forma secuencial, comenzando con el establecimiento del pilar suplementario de reparto y ajustando las comisiones de las AFP. Esto permite además moderar la proclividad del Poder Ejecutivo de continuar otorgando pensiones ex-gratia, impactando en forma negativa las finanzas públicas.

Reiteramos que la reforma de las pensiones es un asunto de Estado, que debe garantizar un nivel adecuado de protección social a millones de asegurados. ¿Consenso? Difícil cuando los intereses pecunarios del sector financiero se contraponen al interés social del Estado, con un sector sindical afectado de debilidades estructurales. Finalmente, todos los países que se abocaron al modelo de Chile ya han aplicado reformas estructurales, excepto República Dominicana.