El Banco de Reservas desencadenado

La Ley 13-24 ha roto las cadenas que ataban al pasado al Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple. El nuevo marco jurídico, que moderniza su gobierno corporativo, le permitirá al banco, que gestiona casi un tercio del total de activos del sistema financiero nacional, aprovechar al máximo la legislación que lo regula y mejorar su capacidad de intermediar entre ahorrantes e inversionistas eficientemente, apoyando el proceso de creación de valor agregado nacional.  

El papel de una entidad bancaria es ayudar a convertir de la mejor forma posible el ahorro en inversión. Para esto los bancos reciben depósitos y realizan préstamos, que por lo general tienen un descalce temporal y niveles de riesgos muy distintos. De esto se desprende que los bancos deben gestionar adecuadamente los riesgos de crédito, de liquidez y de mercado para asegurarle a los depositantes el buen manejo de sus recursos y a los inversionistas la disponibilidad de fondos prestables con plazos compatibles con los diversos proyectos que se requieren para el desarrollo de los sectores productivos. 

Para minimizar esos riesgos, la banca realiza operaciones dentro de un marco regulatorio establecido por las autoridades monetarias. En el caso de la República Dominicana, la regulación emana del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos bajo la sombrilla de la Junta Monetaria. Al mismo tiempo, la banca puede, además de los préstamos, realizar inversiones que expandan de manera directa su aporte al proceso de acumulación de capital físico necesario para el crecimiento sostenido de la economía. 

A partir de la promulgación de la Ley 13-24, el Banco de Reservas podrá acelerar su ritmo de capitalización, lo cual se traducirá en un conjunto de transacciones positivas para el banco y para la economía dominicana.  El artículo 8 establece que el capital suscrito y pagado del banco es de 39 mil millones de pesos, suma que ha sido pagada totalmente por su único propietario, el Estado Dominicano. Y el párrafo I de ese artículo indica que el capital puede ser aumentado por el Consejo de Directores del banco a solicitud de su presidente ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Monetaria y Financiera y sus normas de aplicación, previo dictamen favorable de la Junta Monetaria.  

Visto que el banco posee actualmente reservas patrimoniales ascendentes a 23 mil millones de pesos y resultados del ejercicio del año pasado por casi 25 mil millones de pesos, la nueva ley le permitiría elevar su capital pagado a 77 mil millones de pesos. Esto debido a que se establece en el artículo 39 que un 60% de las utilidades del ejercicio se tiene que convertir en reservas patrimoniales y de ahí registrarse como capital pagado. Más aún, en la Ley 13-24 se indica que, en el hipotético caso de que hubiese insuficiencia con relación al capital regulatorio establecido en la Ley Monetaria y Financiera o cuando el Consejo de Directores lo considere conveniente por razones financieras o estratégicas, se podría capitalizar hasta el 100% de las utilidades del ejercicio anterior. Esto contrasta con la política de capitalización previa, que daba más prioridad a la entrega de dividendos a favor del Estado. El incremento del grado de capitalización del banco elevará el indicador de capital pagado sobre activos tangibles, disminuirá su nivel de apalancamiento y creará las condiciones para una mejora de su calificación crediticia local e internacional. 

El nuevo nivel de capital pagado, además de acelerar el cumplimiento del requerimiento de capital establecido en el marco de Basilea III y IV, le permitiría al banco realizar operaciones con un impacto muy positivo para la economía dominicana. Específicamente, el banco podría incrementar su capacidad de invertir en entidades de apoyo y servicios conexos que generan sinergia operativa a favor del Banco de Reservas; capacidad que actualmente se encuentra muy limitada porque está sujeta a un tope máximo de 20% del capital pagado. Además podría aumentar el monto a invertir en empresas no financieras, cuyo tope máximo es el 10% del capital pagado. La expansión de la capacidad de inversión se traduciría en un mayor retorno potencial de la cartera de inversiones del banco al mismo tiempo que promovería el desarrollo del mercado de valores del país, ampliando su grado de profundidad y liquidez. El banco podría fortalecer su capacidad de titularizar su cartera dado el tope de 20% del capital pagado que puede titularizarse y colocarse en el mercado, sin que sea necesario la aprobación previa de la Superintendencia de Bancos. 

La nueva legislación elimina la exención tributaria que beneficiaba al Banco de Reservas y que el Gobierno Central aprovechaba para extraer elevados dividendos. Dado que el banco tendrá que pagar la tasa de 27% por concepto de impuesto sobre la renta, enfrentará una presión hacia la baja de su nivel de utilidad neta de impuestos. Para mejorar su rentabilidad y, en consecuencia, elevar el retorno sobre el patrimonio, el Reservas tendrá que reducir sus gastos operativos y aprovechar al máximo las economías de escala generadas por el gigantesco volumen de recursos que administra en forma de captaciones. 

Una gestión más eficiente le brindará un mayor grado de competitividad al Banco de Reservas, elevando el grado de competencia en el sistema financiero nacional, lo cual favorecerá al usuario de servicios financieros. La reacción del resto de la banca, encabezada por el Banco Popular, el banco privado más grande del país y con mayor volumen de utilidades, será positivo, pues los competidores adoptarán medidas que incrementarán todavía más su capacidad de gestionar con mayor eficiencia sus servicios financieros, apoyando el proceso de transformación de ahorro en inversión, resultado clave para elevar la tasa de crecimiento económico potencial. 

El nuevo marco jurídico le permitirá al Banco de Reservas, con sus 318 oficinas, 862 cajeros ATM y la mayor cartera de créditos del sistema financiero con una suma que supera los 536 mil millones de pesos, seguir su proceso de modernización, ofreciendo un mejor servicio a la sociedad y fortaleciendo su papel de ser una entidad bancaria fundamental para la expansión económica sostenida.