El costo de la incompetencia

Las medidas adoptadas para evitar la propagación del covid-19 tuvieron un impacto recesivo a nivel global. En la República Dominicana, la actividad turística cayó 47.5% en 2020, pero ese deterioro no amilanó al sector privado ni al equipo que había seleccionado el presidente Luis Abinader para dirigir al ministerio de Turismo. Entre todos los interesados se pusieron a trabajar eficientemente para recuperar el flujo turístico, registrándose entre 2021 y 2023 una tasa de crecimiento promedio anual de su valor agregado de 25.7 %.

La experiencia positiva del turismo contrasta con el comportamiento negativo de las actividades de minería y energía.

La minería se desplomó en los cuatro años comprendidos entre 2020 y 2023, registrando su valor agregado una variación promedio anual de -9.2 %. En los dos primeros meses de este año y con el precio del oro en nivel récord de 2,371 dólares por onza troy, la actividad minera presenta una variación de -15.9 %. Entre 2020 y 2023, las exportaciones de oro se redujeron en 31.5 %, a pesar de que los precios aumentaron casi 9 %.

El sector eléctrico, también responsabilidad del ministerio de Energía y Minas, está en una grave crisis. Las pérdidas operativas de las empresas distribuidoras de electricidad se incrementaron de 29 % en 2019 a 40 % en 2023, obligando al gobierno central a destinar anualmente 1,500 millones de dólares en forma de subsidios para mantenerlas a flote. Entre 2021 y 2023 se registró un déficit acumulado superior a los cuatro mil millones de dólares, lo cual representa casi la mitad del déficit gubernamental.

Desde agosto de 2020 no se ha instalado un solo megavatio de generación de energía base. Los procesos de licitación han sido muy mal elaborados y se han enfocado en proyectos que, en el mejor de los casos, comenzarán a producir electricidad en 2026. En agosto de 2021, publiqué un artículo sobre los escollos que tendrían los proyectos de generación eléctrica localizados en Manzanillo y recomendé que se instalara en el sureste del país, en el área de influencia del gasoducto, un proyecto de generación de 400 MW que utilizara gas natural. No se hizo nada.

Otra muestra de la incapacidad del liderazgo del ministerio de Energía y Minas, que encabeza Antonio Almonte, es la pésima gestión -tanto operativa como administrativa- de la Central Termoeléctrica Punta Catalina entre el 18 de agosto de 2020 y el 28 de octubre de 2021. Basta con recordar que esa administración permitió que la planta se quedase sin carbón, provocando una pérdida de centenares de millones de dólares, pues fue necesario comprar de urgencia ese combustible a precios elevadísimos.

Afortunadamente, el presidente Abinader intervino directamente en el sector eléctrico para reducir la intensidad de la crisis. Designó como cabeza del gabinete eléctrico a la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionara más eficiente de su administración, y nombró a finales de 2021 como administrador de Punta Catalina a Celso Marranzini, un empresario con amplia experiencia en el sector eléctrico, quien logró recuperar el buen desempeño de esa empresa llevándola nuevamente a beneficios anuales de 240 millones de dólares. Posteriormente, el presidente le quitó a Almonte la responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad y se la asignó a Marranzini.

Ante ese terrible desempeño como ministro cabe preguntar, ¿a qué se ha dedicado Antonio Almonte en estos cuatro años? A criticar a Punta Catalina.

En declaraciones recientes recogidas por la prensa nacional, el señor Almonte afirmó que según una “auditoría” el costo de construcción de Punta Catalina fue de 3,400 millones de dólares. Me extraña que haya vuelto a decir esa falacia, pues cuando se constituyó el Fideicomiso de Punta Catalina se registró como aporte al patrimonio un monto de 2,341 millones de dólares, es decir, mil millones de dólares menos de lo que según el ministro costó su construcción. Incluso, sería bueno que se informe públicamente cuál es el valor total de los activos de Punta Catalina declarados en su registro mercantil.

Almonte sabe que lo que dice no es correcto. En diversas comunicaciones que recibió como líder del sector eléctrico, desde agosto de 2020 se le informó que la suma pagada al consorcio constructor, que es el costo de Punta Catalina, fue de 2,454 millones de dólares.

A la suma anterior, la empresa que realizó el informe de servicios relacionados, que no es una auditoría, le añade partidas que denomina “otros costos del dueño”, que incluyen los costos hundidos durante la licitación así como los del carbón, de la cal, los repuestos, servicios de supervisión y otros insumos utilizados para generar electricidad. Es extraño que los expertos contratados por el ministerio de Energía y Minas hayan tomado en consideración los costos, pero no hayan tomado en cuenta los ingresos millonarios que obtuvo la CDEEE al colocar en las redes la electricidad que produjo Punta Catalina utilizando esos insumos durante la fase de pruebas que inició el 27 de febrero de 2019. Estoy seguro de que los ingresos superan los “otros costos del dueño”, lo cual reduce el costo neto de la inversión.

En su informe, la firma añade también los gastos de intereses de los recursos utilizados en la construcción de esa importantísima generadora de electricidad, a diferencia de cómo se contabilizan los costos de otros proyectos de inversión pública, como el metro, teleférico, monorriel, presas, carreteras, elevados, hospitales y viviendas.

La irracionalidad de Almonte llega a su máximo cuando señala que la suma pagada por la construcción de Punta Catalina está muy próxima a lo que cuesta “un reactor nuclear de mediana capacidad”. Le recomiendo a Almonte que investigue mejor y se dará cuenta de que en 2023 el costo de capital del megavatio de una planta a carbón en Estados Unidos fue de 3.2 millones de dólares, mientras que el megavatio instalado de una nuclear fue de 8.5 millones de dólares. El costo de Punta Catalina fue menos de 3.1 millones de dólares por megavatio, le guste o no le guste al peor funcionario de la presente administración, cuyo único objetivo es dañar la imagen de la joya de la corona del sector eléctrico nacional.