Enclaves de haitianos

Lo que se ha dejado de hacer en muchos años, pesa como una losa sobre el destino de la dominicanidad. En un artículo anterior decíamos que “La República Dominicana debe cuidarse de que la migración haitiana hacia nuestro suelo no termine creando enclaves poblacionales con derechos políticos que pongan en peligro la soberanía y nacionalidad”.

Hoy agregamos que ese riesgo ha estado acaeciendo en forma progresiva desde hace varios lustros. Los enclaves de inmigrantes haitianos ilegales son visibles a lo largo de la geografía nacional, amparados sobre todo en la demanda de mano de obra de la agropecuaria, construcción y servicios. 

Y ha estado ocurriendo ante la falta de reacción firme del liderazgo político nacional, situación que afortunadamente ha empezado a corregirse. 

Pero no es justo apuntar el índice hacia un solo lado, pues en sentido general los sectores empresarial, sindical y sociedad civil tampoco han reaccionado con el vigor necesario.

El empresarial no lo ha hecho por estar enfocado en defender sus intereses de corto plazo y aprovechar las circunstancias para contratar mano de obra desprovista de costos de seguridad social, prestaciones laborales y de sanciones pecuniarias por el incumplimiento de la relación 80/20 (trabajadores dominicanos con respecto a extranjeros). A su favor puede esgrimir el argumento de que solo busca compensar las penalizaciones que sufre por las políticas públicas que afectan su competitividad y rentabilidad. 

El sector sindical, por su parte, se ha concentrado en resistirse a modificar las regulaciones que dan rigidez al mercado de trabajo, verbigracia la cesantía, que hace más costoso operar como empresa formal. No se ha dado cuenta de que tal actitud propicia el engrosamiento de la informalidad, la contención de los salarios y la pérdida de protección social para muchos dominicanos. Y, por esa vía se cuela la inmigración ilegal, al tiempo que se expulsa a dominicanos a emigrar al exterior. 

El resto de la sociedad civil ha permanecido impávida, en espera de que sean otros quienes tomen la iniciativa.

En los últimos tiempos se ha estado produciendo un fuerte despertar que podría librarnos de vivir el espanto de perder el perfil que nos distingue como nación. 

Dada esa circunstancia hay que actuar con urgencia en varios frentes, aunque ahora solo nos enfocamos en dos de ellos.

El primero la normativa migratoria. Es imperativo redoblar los esfuerzos para hacerla cumplir e imponer penalidades gravosas y ejemplarizadoras a quienes la burlen. 

De nada valdrán los recursos crecientes que con fervor se están invirtiendo en la labor de prevención de la entrada de ilegales y afianzamiento de la seguridad de la frontera, si no se crea una mística entre los encargados de hacer cumplir la ley para que lleven a cabo su deber con rigurosidad y celo, y abandonen pretensiones de lucro por la vía de hacerse de la vista gorda ante la penetración cotidiana de inmigrantes por nuestra línea fronteriza y por los caminos internos que conducen a las urbes y zonas de trabajo rurales. 

El segundo frente es el laboral. Los inmigrantes haitianos penetran a territorio dominicano porque encuentran terreno fértil para insertarse en el aparato productivo cubiertos por el manto de la informalidad, que les da asidero para quedarse en el país. 

Para contrarrestar esa tendencia, en adición al aspecto de control migratorio, es necesario poner en vigencia un conjunto de costos proporcionales al agravio infringido a ser aplicados directamente a empleadores y trabajadores que incumplan con las reglamentaciones, con objeto de impedir que la falta de sanciones siga ejerciendo de polo de atracción de haitianos indocumentados hacia los sectores demandantes de mano de obra. 

Es decir, hay que actuar sin más demoras en procura de restablecer progresivamente el cumplimiento de la relación de por lo menos 80 trabajadores dominicanos por 20 extranjeros, exigir el estricto cumplimiento de las prestaciones laborales y cargos por afiliación a la seguridad social, y demandar a la DGII que cambie la norma que facilita la presentación de nóminas gruesas, sin identificar a los contratados ni especificar su estatus. 

En esto no puede permitirse diferencia alguna en el funcionamiento de los dos mercados, formal e informal. La informalidad no debe ser la excusa para incumplir en materia tan delicada. Las reglas deben aplicarse en ambos mercados, aunque sea necesario crear un período de transición de no más de 5 años y promulgar una legislación puntual que facilite que se vaya avanzando hacia la normalización. 

Es mucho lo que habrá que hacer. Se requerirá no solo de coraje para actuar, sino también de clarividencia y gruesas fibras de patriotismo insertadas en las neuronas de nuestro liderazgo nacional.