Impuestos azucarados: ¿Es viable su implementación en RD?

En los últimos quince años el avance de los impuestos a productos que utilizan azúcar es indetenible. El argumento económico es contundente: se deben colocar impuestos a aquellos bienes que producen una externalidad negativa; es decir, aquellos productos cuyo consumo afecte negativamente a las personas o a la sociedad en general. En adición, ya está documentado que los Gobiernos incurren en un alto gasto en salud para hacer frente a enfermedades derivadas del consumo de azúcar por lo que esto refuerza la posición de introducir impuestos correctivos a estos bienes.

Cada vez son más los países que han aplicado algún tipo de impuesto a las bebidas azucaradas. También, los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), están presionando a los países para que adopten este tipo de gravámenes. De hecho, el Banco Mundial hizo un estudio en 2019 en que recomienda la aplicación de esta figura impositiva al país.

En adición, bajo el argumento de que producen una externalidad negativa, cada vez más se están gravando con algún tipo de impuesto bienes alimenticios de consumo masivo. Cada país va imponiendo carga tributaria de acuerdo a la moda. Por ejemplo, en la más reciente reforma tributaria de Colombia, se incluyeron no solo impuestos a las bebidas azucaradas sino a los alimentos ultra procesados y con azúcares añadidos como embutidos, dulces, snacks, polvos para refrescos y preparación de postres.

Un estudio de la Organización Panamericana de Salud (OPS) del 2020 nos da un panorama sobre el tema (“La Tributación de las Bebidas Azucaradas en la Región de las Américas”): a ese año ya unos 75 países aplicaban impuestos a las bebidas azucaradas, incluyendo 21 en América Latina y el Caribe. También a esa fecha ya 8 jurisdicciones de Estados Unidos lo aplicaban.

Cuba, Venezuela y República Dominicana son los únicos países de América Latina que no tienen el impuesto (16 de 19 países ya lo tienen); y en la región del Caribe, 6 de 13 países ya adoptaron este gravamen.

En América Latina el diseño del impuesto es muy heterogéneo, de acuerdo al estudio de la OPS:

• 7 países gravan el agua embotellada.
• Al menos 14 países incluyen uno o más de los siguientes productos en la lista de bienes gravados: powders, concentrados o syrups, que se usan para hacer bebidas azucaradas mediante la adición de agua o agua carbonatada.
• Todos los países que tienen impuestos selectivos a bebidas azucaradas también los aplican a las bebidas energizantes.
• Al menos 4 países gravan las leches saborizadas.
• 10 países tienen exclusivamente impuesto ad valorem y 7 tienen exclusivamente impuestos específicos; otros usan una combinación de específico y ad valorem; o por concentración de azúcar.
• En 5 de los 11 países que tienen el componente de impuesto específico, se hace ajuste automático por inflación.
• También hay estructuras de tasas uniforme (una sola tasa) o tasas múltiples (por tipo de bebida).

A pesar de toda esta evidencia no creo conveniente que estos impuestos se adopten en el país, al menos no todavía. El argumento es más bien práctico: con un sistema tributario lleno de figuras impositivas de baja recaudación y de difícil administración, establecer otro impuesto adicional simplemente complicaría más el sistema. En adición, hay muchos bienes que hacen daño a la salud y poner impuestos a uno de ellos abriría el camino para que luego se sigan fijando impuestos a otros rubros. Tal vez se puede lograr el objetivo de salud pública con otras herramientas, como la educación.

En el año 2021 la propuesta de reforma tributaria del Gobierno contemplaba un impuesto de RD$ 8.9 por litro de bebida con azúcar añadida (equivalente a un 14% del precio promedio) con una recaudación proyectada de unos RD$ 3,000 millones. En un país en que los impuestos selectivos históricamente acusan una alta tasa de evasión y fraude, poner nuevos impuestos selectivos simplemente complicaría el sistema. De hecho, lo más que se puede esperar es que este nuevo impuesto se va a cobrar con el mismo nivel de evasión que los impuestos selectivos actuales.

En vista de que ya el Gobierno reveló sus intenciones, a las empresas de este sector no les queda más remedio que prepararse para lo que viene (eficientizando costos, por ejemplo); tratando de que el diseño del impuesto sea lo menos distorsionador posible.