La campaña para impugnar los esfuerzos anticorrupción dominicanos es una afrenta a la justicia

El pueblo de la República Dominicana tiene derecho a estar orgulloso del progreso que está logrando para construir una economía más moderna y una sociedad más justa, incluidos los esfuerzos anticorrupción que están responsabilizando a los funcionarios por traicionar su confianza pública. No es de extrañar que los líderes de la sociedad civil dominicana estén indignados por el hecho de que un económicamente poderoso ex-ministro de finanzas -acusado de liderar esquemas de malversación de fondos y sobornos que desviaron por lo menos 750 millones de dólares para uso partidista y personal- contrató a cabilderos en Washington en el mes de mayo para desacreditar a los fiscales y jueces independientes que arriesgan sus vidas para llevar a los criminales ante la justicia.

Hacer responsables a funcionarios públicos es sólo una de las cosas que están mejorando en la República Dominicana. El nuevo liderazgo en esa nación caribeña ha ayudado a impulsar una sólida recuperación de la pandemia de COVID. Una tasa de crecimiento anual proyectada de más del 4 % este año está impulsada por ingresos récord provenientes del turismo y las exportaciones. Las nuevas inversiones extranjeras en el primer trimestre de este año alcanzaron un récord de 926 millones de dólares, ya que los inversores buscan la seguridad de un país comprometido con la democracia y el Estado de Derecho.

El Presidente Luis Abinader, electo hace tres años, ha esbozado una visión para una economía moderna, diversa y sostenible: invirtiendo en carreteras, en las calles de las ciudades, el transporte público y los puertos. También aumentó el salario mínimo, financió la atención médica universal, lanzó la reforma y modernización de la educación pública y amplió los subsidios para ayudar a los dominicanos más vulnerables a enfrentar los impactos de las crisis de COVID y Ucrania.

La República Dominicana está comprometida a construir cadenas de suministro seguras y estables con Estados Unidos, del mismo modo que los dominicanos han mejorado notablemente su desempeño frente a amenazas de seguridad compartidas. Solamente en los últimos tres años, las operaciones antinarcóticos han incautado más drogas ilegales en las calles de la ciudades que en toda la década anterior. El año pasado, el Presidente Abinader explicó sin rodeos por qué las incautaciones de drogas aumentaron bajo su gobierno en comparación con sus predecesores, diciendo: “En este gobierno, no hay complicidad con el narcotráfico”.

Al asumir el cargo, Abinader designó un fiscal general independiente y un equipo de fiscales anticorrupción. Junto con jueces valientes, estas autoridades autónomas han presentado cargos contra funcionarios de la administración actual y anterior. La República Dominicana demostró la mayor mejora en América Latina en las herramientas y políticas necesarias para combatir la corrupción, según un estudio de 2023 publicado en el mes de junio. En términos de “independencia y eficiencia judicial”, “independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción” y “transparencia gubernamental”, el estudio calificó a la República Dominicana muy por encima del promedio regional.

Por supuesto, esta cruzada anticorrupción es una mala noticia para aquellos acusados de malversación de recursos públicos. Uno de esos acusados, el ex-ministro de Finanzas Donald Guerrero, tomó la inusual medida de contratar cabilderos en Washington para tratar de convencer a los funcionarios de Estados Unidos de que el sistema judicial dominicano está deteniendo a los acusados durante demasiado tiempo, basándose en poca o ninguna evidencia. Esa misma línea la está difundiendo por los medios sociales un grupo que se autodenomina, irónicamente, “Iniciativa de la Justicia Dominicana”.

Documentación judicial disponible públicamente cuenta una historia muy diferente: el ex-ministro Guerrero ha sido acusado de fraude, malversación y receptación de fondos estatales que “fueron utilizados en el financiamiento del candidato Gonzalo Castillo en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD”. Según una acusación formal de 2,100 páginas presentada por la fiscalía anticorrupción, Guerrero abusó de su autoridad como Ministro de Finanzas durante el gobierno del Presidente Danilo Medina (PLD), junto con más de una decena de funcionarios públicos más que formaron esta supuesta “estructura criminal”. (El documento completo --el equivalente a un encausamiento-- es fácilmente accesible.). Sorprendentemente, 10 de los 20 co-acusados de Guerrero ya han admitido su participación en esta conspiración criminal.

Los cabilderos de Guerrero en Washington D.C. han hecho circular argumentos enrevesados y falsedades para presentar a su cliente como víctima de una caza de brujas partidista. Un documento compartido con funcionarios de Estados Unidos afirmaba imprudentemente que el Presidente Abinader está persiguiendo y deteniendo a opositores partidistas del partido político de Guerrero. Sin embargo, la investigación y el proceso independiente no-partidista de Guerrero y sus presuntos cómplices están siendo dirigidos por una fiscal cuyo primer nombramiento se produjo durante un gobierno del PLD. Según la ley dominicana, la detención preventiva del Sr. Guerrero debe ser justificada y aprobada periódicamente por fiscales y jueces totalmente independientes, dependiendo en parte de si el acusado presenta riesgo de fuga. Además, el informe de derechos humanos de 1999 citado por los defensores de Guerrero sobre la excesiva detención preventiva criticó conductas que ocurrieron durante una administración del PLD.

Un destacado líder de la sociedad civil observó que Guerrero, después de haber sido descubierto violando la confianza pública, está utilizando su poder económico para socavar el proceso judicial. Por supuesto, los observadores externos no están en condiciones de especular sobre la culpabilidad o inocencia del Sr. Guerrero o de los demás acusados. Sin embargo, sus esfuerzos por impugnar e impedir el trabajo de los profesionales anticorrupción dominicanos amenazan el importante progreso que el país está logrando hacia una sociedad más justa, comprometida con el Estado de Derecho y el bienestar de todos los dominicanos.

Lincoln Diaz-Balart es un ex-Miembro Republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (1993-2011). Roger Noriega fue Embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos y Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental (2001-05). Ambos están inscritos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como asesores del presidente dominicano Luis Abinader.