Ética sin atajos
Cuando el poder y los negocios se cruzan, se rompe la confianza
El avispero que ha desatado la disposición de la Dirección General de Contrataciones Públicas no es casual: toca una fibra sensible del ejercicio del poder.
La suspensión del Registro de Proveedores del Estado a funcionarios y empresas vinculadas pone sobre la mesa un principio básico que no admite matices: quien administra lo público no puede, al mismo tiempo, hacer negocios con el Estado. Más que sorpresa, debería ser norma asumida.
La ética no puede activarse solo cuando hay sanciones. Transparencia es prevención, no corrección tardía. Y en la función pública, esa línea debe ser innegociable siempre.