El golpe, a sesenta años de los barbarotes (y 2)

La fotografía más triste de nuestra historia

A pesar de lo que algunos afirmarían después, y de lo que hasta hoy sostienen adversarios sistemáticos de Bosch, el gobierno boschista se embarcó en diversos proyectos de largo alcance y realizó obras importantes para el establecimiento de una democracia firme en la República Dominicana, con la ejecución de planes que consolidaran su economía y desarrollo, que de haber logrado su objetivo habrían evitado los cuantiosos daños originados por la vorágine de los acontecimientos que siguieron a septiembre de 1963.

Se ha alegado que Bosch formó un gabinete de inexpertos.  El país político estaba colmado de inexpertos. Bosch arrasaría con esos falsos líderes  precisamente por su madura y ejemplar formación política. Probablemente, eso hubiese bastado para echar adelante el carro del progreso y la institucionalidad democrática. Los únicos con experiencia de Estado eran los trujillistas, incluyendo entre estos a los cívicos que sirvieron a la dictadura en posiciones de importancia. Era necesario comenzar a gobernar con nuevas figuras que merecían la oportunidad de ese aprendizaje gubernamental. No era, pues, una excusa válida ni un argumento razonable. Pero muchos los creyeron.

Lo que sucedía era que los nuevos ocupantes de los ministerios tenían rostros políticos y sociales muy diferentes a los que ocuparon las secretarías de Estado durante el régimen. Diego Bordas, Antonio Guzmán, Jacobo Majluta, Samuel Mendoza Moya, Abraham I. Jaar, Miguel A. Domínguez Guerra, Julio A. Cuello, Silvestre Alba de Moya, Ramón Vila Piola, Héctor García Godoy-Cáceres y Osvaldo B. Soto representaban, sin dudas, una nueva corriente que no fue nunca justipreciada en su verdadera dimensión.  Eran figuras sin tachas, que no habían sufrido en sus respectivos ejercicios humanos, profesionales o empresariales, el desdoro de los hombres  que habían servido al gobierno de Trujillo. Ninguno, además, tenía  militancia comunista y, entre ellos, había varios con una firme vocación liberal y capitalista. No había temores, pero era necesario crearlos, a través de la intriga, de la agitación subversiva y del comportamiento ruin. En esa tarea sirvieron, bajo un deliberado propósito político, los comentaristas Bonilla Aybar y Tomás Reyes Cerda, el sindicalista Robinson Ruiz López y el sacerdote diocesano Marcial Silva.

Abiertos todos estos frentes y manteniéndose un verdadero festival de fin de semana en las plazas de los principales pueblos de la República a través de los mítines de “reafirmación cristiana”, llegaba también el comentario alevoso, con los insumos que les proveían políticos y empresarios criollos, del periodista norteamericano Hal Hendrix, quien en el New York World-Telegram and The Sun sentenciaba que el gobierno de Bosch no llegaría al final de 1963, artículo que reproduciría alegremente el diario El Caribe y que leería Bonillita en su Periódico del Aire.

Con los maestros y los empleados públicos clamando reivindicaciones, los trabajadores azucareros incitando a la huelga y el Comité Civil Anticomunista del ingeniero Enrique Alfau paralizando algunas ciudades de la República con un llamado a huelga general, Bosch se mantenía impertérrito, sin hacer uso de la fuerza pública, sin clausurar emisoras radiales y sin establecer las censuras de prensa que, tal vez, en aquellos momentos hubiesen constituido una medida saludable para la institucionalidad democrática y el respecto a la muy violada libertad de expresión. No lo hizo. Sabía que todo estos actos eran parte de un plan de provocación.

A esa hora, la conjura ya estaba en pie, a pesar de que el secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Víctor Elby Viñas Román, reiteraba el apego de los uniformados a la constitucionalidad y el respaldo al gobierno elegido por las mayorías. Apenas horas antes del golpe, un Nicolás Silfa disidente del perredeísmo, ahora siendo ya vocero en el país de Joaquín Balaguer, se apresuraba a desmentir que las declaraciones de su nuevo líder estuviesen relacionadas con los propósitos golpistas, al tiempo que rechazaba esos intentos y reafirmaba su apoyo a la constitucionalidad. Desde su exilio en Puerto Rico, Balaguer había reconocido que el pueblo se había dado “un gobierno con una noción justa de lo que significa un estado de derecho”, pero al mismo tiempo  afirmaba que “al cabo de siete meses de régimen constitucional, el país ignore qué clase de gobierno es el que tiene: si un gobierno izquierdizante, cuya labor consiste en ablandar el ánimo público y en preparar gradualmente el terreno para el advenimiento de un sistema comunista típico, o si un gobierno dominado solamente por la noble ambición de realizar la auténtica revolución social que nuestras masas reclaman para liberarse de la injusticia, el privilegio y de la iniquidad de la explotación económica”.

Todos a una, como en Fuente Ovejuna. De uno y otro lado, no eran pocos los que estaban contribuyendo al descalabro del gobierno de Bosch, incluyendo los asesores militares foráneos y el propio embajador John Bartlow Martin, como se comprobaría años más tarde. Cuando horas antes del golpe, el almirante William E. Ferrall, comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos en la zona sur, arribaba por la Base Aérea de San Isidro, los militares dominicanos y su contraparte civil sabían que el fin del gobierno de Bosch estaba cerca. A las 2:30 de la madrugada del 25 de septiembre, dos días antes de cumplir siete meses en el poder, Juan Bosch era detenido en su propio despacho, mientras el ministro de las Fuerzas Armadas tomaba el control del gobierno acusando a Bosch de haber desconocido la Constitución y de promover el irrespeto a los derechos humanos. Insólita aseveración, pues había sido todo lo contrario.

En la mañana de aquel día, llegaban por la puerta trasera del Palacio Nacional, apretujados en un auto, los dirigentes oposicionistas Viriato A. Fiallo, Juan Isidro Jimenes Grullón, Mario Read Vittini, Horacio Julio Ornes Coiscou, Ramón A. Castillo y Miguel Ángel Ramírez Alcántara.  Alguien disparó el obturador de su cámara y el grupo fue fotografiado al momento de ingresar por la avenida México para rubricar el acta notarial de instalación del Triunvirato. Esa es, sin dudas, la foto más triste de nuestro ya largo proceso democrático. Históricamente, una fotografía dolorosa. Una vez firmaron ante el abogado notario doctor Francisco Sánchez Báez, comenzaba en ese momento la gris etapa de los barbarotes.

Entre los seis firmantes civiles del acta justificadora del golpe, cinco de ellos tenían apenas dos años que habían regresado del exilio y manifestado su empeño por establecer un régimen democrático. Uno de estos había comandado catorce años antes una expedición guerrillera para terminar con la dictadura, y otro figuraba como parte de la avanzada perredeísta del 5 de julio de 1961. El número seis de este grupo, que entre los firmantes fue el primero, había sido el abanderado de la libertad y el orden, el líder emergente que movilizó a millares de personas en todo el país en la lucha contra los remanentes del trujillato, el vigoroso proclamador del incesante grito de ¡Basta ya! contra la opresión y la vesania criminal del régimen de treinta y un años. Desbarrando contra los principios que sirvieron de blasón a sus proclamas políticas y a sus ejercicios redentores, estos hombres -rostros graves, el temor reflejado en sus pupilas cansadas, sus huidizas personalidades gravitando sobre las frías amarguras de sus corazones, según lo refleja  la foto de marras- se ayuntaban ahora, más que con un episodio de coyuntura, con un capítulo negro de la historia, la misma historia que no tardaría en condenar sus  decisiones, junto al grupo militar que les acompañó en aquel acto infame, con sus numerosos reveses y congojas y, al cabo de muy poco tiempo, con sus definitivas muertes políticas.