De Braceros a Inmigrantes

En los últimos tiempos, la otrora vigorosa industria azucarera ha decaído al mínimo, tanto en exportaciones como en generación de ingresos, al grado de que en algunos años la producción ha sido deficitaria para cubrir la creciente demanda doméstica y la cuota del mercado preferencial norteamericano, importándose contingentes de azúcar, como acontece ahora cuando INAZUCAR autorizó la traída de 75 mil toneladas. Pese al aporte del CRC y de CC, los dos gigantes del sector, afectado CRC por la sequía.

Como se sabe, a finales de los 90, el Estado traspasó ruinosamente al sector privado el control de 12 ingenios que operaba el CEA, bajo modalidad de arrendamiento, a consorcios creados al efecto. Hoy sólo el Consorcio Azucarero Central en Barahona permanece en producción y a gatas un “rehabilitado” Porvenir en Macorís. Con un saldo de comunidades cañeras empobrecidas dejadas “a la suerte de Dios”. Y con una menor demanda de braceros.

El sector externo de la economía se sustenta hoy en el turismo, las zonas francas industriales, las remesas, la minería y una amplia gama de bienes agrícolas e industriales de exportación, como cigarros y hojas de tabaco que generan más de mil millones de dólares, guineos, cacao en grano, vegetales, cosméticos. Complementado por las actividades locales en agropecuaria, manufactura, servicios y construcción. Las obras públicas y la edificación de torres, centros comerciales, villas y hoteles turísticos, han atraído a los jóvenes haitianos, así como la agropecuaria en general y el servicio doméstico.

Es lo que la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) denominaron “la nueva inmigración” en el estudio Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana (2004). Que proyectó en 266 mil el número de inmigrantes haitianos a partir de las Unidades Primarias de Muestreo. De ellos el 25% residiría en bateyes y el 75% restante en zonas urbanas y zonas rurales no azucareras. Otro estudio del 2002, del Banco Mundial, Informe sobre la Pobreza en República Dominicana, estimó la presencia haitiana estratificada así: trabajadores indocumentados residiendo permanentemente, 250,000/300,000; braceros temporales, 15,000-20,000; hijos de inmigrantes nacidos en el país, 250,000/300,000. Lo cual sumaría una población entre 515,000 y 620 mil personas. O sea, entre 6% y 7% de la población total de 9 millones de habitantes de entonces.

En 2012 y 2017 el MEPYD y la ONE, con participación de la Unión Europea y el Fondo para la Población de Naciones Unidas, realizaron sendas Encuestas de Inmigrantes. Arrojando la primera, mediante proyección a partir de resultados de una muestra de 68,148 viviendas, 524,632 inmigrantes, de los cuales 458,233 provendrían de Haití. La segunda del 2017 estimó un total de 570,933 inmigrantes, un incremento de 46,301, de los cuales 39,592 serían haitianos, para un saldo de 497,825 inmigrantes del vecino país. Los redactores del Informe calificaron de “moderado” dicho aumento porcentual, al tiempo de señalar que duplicaba el crecimiento estimado para la población total del país.

Estas cifras, que sugieren que los haitianos, cada vez más visibles y desbordada su presencia en ciudades y campos, representarían sólo el 5% de la población del país, han sido cuestionadas como conservadoras, ya que entre los opinantes suele aludirse a más de un millón como piso. Los datos censales y los de la Dirección General de Migración reflejan un sub registro tal que “horripila y mete miedo de verdad”.

El interés de los actores internacionales y los grupos domésticos que bregan con esta problemática se ha movido en la dirección de los tiempos. Es por ello que sin abandonar los viejos cargos relativos a los bateyes que todavía resurgen cíclicamente en reportajes de prensa, como fuera la serie “Esclavos en el Paraíso”, de The Miami Herald, y la campaña del padre Christopher Hartley contra bateyes de los Vicini en el Este -con todo un documental, The Price of Sugar (2007), narrado por Paul Newman. Y tan reciente como la actual exclusión del CRC, nuestro mayor productor azucarero (60%), del sistema de cuotas preferenciales de EE.UU. por cargos sobre el hábitat de los braceros.

Desde los años 90, el foco de interés se ha ido ampliando hacia el marco más general de los derechos de los inmigrantes haitianos indocumentados y su estatus legal, los procesos de repatriación y el reconocimiento como nacionales dominicanos de los hijos de haitianos ilegales nacidos en el país, al amparo de una interpretación controvertida de la norma constitucional sobre la materia que rigió hasta la reforma de la Constitución del 2010. Una de las materias de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que generó todo un torbellino nacional e internacional, con la banderilla de la “apatridia”.

Quienes originalmente gestionaron estas iniciativas fueron grupos de la diáspora haitiana establecida en EE.UU. y Canadá, organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty, junto a una red de ONG’s que opera a nivel local. Los cuales han motivado a organismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano (OEA, Corte Interamericana, CIDH), al Departamento de Estado y al Parlamento Europeo a colocar el asunto en agenda.

El documento de mayor impacto al cierre del siglo XX fue el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 1999, sobre República Dominicana. Divulgado en medio de un debate nacional en torno a la inmigración haitiana y el reclamo del derecho a la nacionalidad de los hijos nacidos en el país de extranjeros indocumentados, la situación creada evidenció la vulnerabilidad de nuestra política exterior e imagen internacional, expuestas al despliegue del problema haitiano en foros regionales y mundiales.

Para Leonel Fernández (1996-2000), interesado en privilegiar la agenda de política exterior y en ejercer un rol protagónico en la diplomacia directa, este asunto representó una prueba de fuego. Bajo su primer mandato, nuestra política exterior se dinamizó, buscando ejercer un liderazgo en la Asociación de Estados del Caribe y en el grupo de países ACP, cuyas cumbres se celebraron en Santo Domingo. Se propuso además una alianza estratégica entre CARICOM y Centroamérica, en la cual actuaríamos como puente.

En estos escenarios el tema haitiano era una tachuela en el zapato de la diplomacia dominicana. Algo que sabía el gobierno del Presidente Preval, que quería obtener ventajas en la mesa de negociación bilateral. Pero lo más importante para nuestra diplomacia y la nación, era que este asunto había pasado a una dimensión multilateral, al figurar en la agenda de organismos multilaterales mundiales y regionales, de entidades de derechos humanos, concitando el interés del gobierno de los EE.UU. y de la Unión Europea.

Coincidiendo con el Informe CIDH, aparecieron reportes de Amnesty International y Human Rights Watch condenando las repatriaciones masivas y sus protocolos, la actuación militar y alegadas prácticas racistas. En agosto de 1999, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial expresó “su preocupación por la situación de los haitianos”, al señalar “que han sido objeto de varias formas de discriminación racial”, e instando al gobierno a “reconocer la existencia de discriminación racial en el país con relación a los haitianos”. Ya en febrero el Departamento de Estado había consignado en su informe sobre derechos humanos, que aunque el récord del gobierno había mejorado ligeramente, “persistían serios abusos contra los migrantes haitianos y sus descendientes”.

En noviembre de 1999, un Informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo sobre la misión realizada en Haití y Dominicana en octubre de ese año, ofreció una visión sobre los “problemas demográficos que afectan a estos dos Estados”, y advirtió a sus gobiernos el riesgo potencial de conflictos inter étnicos:

 “La historia de Haití y de la República Dominicana se caracteriza por una serie de conflictos, guerras y movimientos migratorios. En el subconsciente de los dos pueblos el resentimiento está fuertemente arraigado. Los dominicanos consideran que los habitantes de Haití son de color, mientras que ellos se consideran a sí mismos blancos. Haití ejerce una importante presión demográfica sobre la República Dominicana. La elevada cifra de trabajadores ilegales representa un potencial de problemas muy importante entre estos dos países. La inestable situación jurídica en la que se encuentran estas personas, junto con el resentimiento histórico al que se ha hecho referencia, pueden generar importantes problemas políticos. En parte, los dos gobiernos son conscientes de esta peligrosa situación, no obstante, aún no han adoptado medidas adecuadas para prevenir un conflicto.”

Bajo el primer mandato del Presidente Fernández, la agenda bilateral con Haití se mantuvo siempre activa. Se constituyó la Comisión Mixta Bilateral, con sus respectivas subcomisiones, para tratar en la mesa de negociación los asuntos relativos a los nexos con Haití en una multiplicidad de campos, incluyéndose la materia migratoria, sobre la cual se convino un memorando de entendimiento para regular las contrataciones y un protocolo para regir las repatriaciones.

La inestabilidad reinante en Haití y en menor grado la falta de continuidad de la política exterior dominicana, han conspirado contra estos trabajos. Antes de finalizar su gestión, el 27 de febrero del 2000, el Presidente Fernández radicó en el Congreso un proyecto de Ley General de Migración preparado con asesoría de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Aprobado por el legislativo –tras su reformulación por una comisión consultiva de la Cancillería bajo Hugo Tolentino y Frank Guerrero- al cierre de la administración de Hipólito Mejía. Promulgada la Ley el 15 de agosto del 2004.

El curso accidentado de esa Ley en su proceso de aplicación es materia de otra historia. Con  consiguientes bombardeos internacionales como el Informe de la CIDH del 2015.