China y la República Dominicana: ¿aliados o competidores?

En un artículo anterior destaqué la brillantez de la estrategia económica china frente a la miopía con que buena parte de América Latina contempla su avance. En el caso de la República Dominicana, ha llegado el momento de formular una pregunta que nuestras autoridades no deberían seguir posponiendo: ¿qué representa realmente China para nuestro país: un aliado, ¿un socio comercial o un competidor decidido a controlar progresivamente nuestro mercado?

China se ha convertido en uno de nuestros principales proveedores. En 2024, el intercambio comercial entre ambos países superó los cinco mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde un profundo desequilibrio: las exportaciones dominicanas hacia China apenas alcanzaron unos 326 millones de dólares.

La relación comercial funciona, por tanto, casi en una sola dirección. Compramos mucho y vendemos muy poco.

Pero el problema ya no se limita al enorme déficit comercial. Durante décadas, los productos chinos llegaban al país a través de una extensa cadena de empresas dominicanas. Importadores, distribuidores, ferreteros, comerciantes e industriales compraban mercancías o materias primas fabricadas en China y las colocaban en nuestro mercado.

En esa cadena participaban miles de empresas familiares que generaban empleos, pagaban impuestos y reinvertían sus beneficios en el país. Muchas han pasado de una generación a otra. Son negocios que forman parte del tejido económico y social de nuestros pueblos y ciudades.

Ahora estamos observando una transformación que debe preocuparnos.

Los capitales procedentes de China ya no parecen conformarse con fabricar los productos que consumimos. Están entrando directamente en la importación, la distribución y la venta al detalle. Se instalan establecimientos de enormes dimensiones, incluso en comunidades pequeñas, y comienzan a competir no solo con el ferretero o el comerciante independiente, sino también con las grandes cadenas dominicanas establecidas durante décadas.

La estrategia parece abarcar progresivamente todos los eslabones: fabricar en China, exportar desde China, importar en la República Dominicana, distribuir dentro del país y vender directamente al consumidor dominicano. De continuar esa tendencia, la participación del empresario nacional irá desapareciendo de toda la cadena comercial.

Debemos preguntarnos cómo puede competir una familia dominicana cuando una misma estructura controla desde la fabricación hasta la venta final y, posiblemente, dispone de financiamiento y condiciones que no están al alcance del comerciante local. ¿Hasta dónde llega esa vocación de abarcarlo todo? ¿Qué sectores de nuestra economía permanecerán en manos dominicanas dentro de diez o veinte años?

Algunos responderán que la llegada de esos establecimientos beneficia al consumidor porque ofrece precios más bajos. El argumento puede resultar atractivo en el corto plazo, especialmente en una sociedad donde una parte importante de la población tiene ingresos limitados.

Sin embargo, un precio bajo no siempre representa el costo verdadero para una nación. Si para obtenerlo desaparecen empresas dominicanas, se pierden empleos formales, disminuyen las recaudaciones fiscales y el país termina dependiendo de una sola fuente de suministro, el supuesto ahorro puede resultar extremadamente costoso.

La competencia es beneficiosa únicamente cuando todos sus participantes están sujetos a las mismas reglas.

No se trata de cuestionar a nadie por su nacionalidad ni de cerrar las puertas a la inversión extranjera. Todo inversionista que llegue legalmente al país, declare el origen de su capital, cumpla las normas laborales y tributarias y compita en igualdad de condiciones debe ser bienvenido.

Lo que no podemos aceptar es la falta de transparencia sobre el origen de determinados capitales, el cumplimiento fiscal desigual o la existencia de estructuras comerciales imposibles de igualar por empresarios dominicanos que pagan impuestos, seguridad social, salarios y prestaciones laborales, y que se financian a las tasas del mercado nacional.

Las propias autoridades han reconocido la existencia del problema. En abril de 2024, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas cerraron varios comercios propiedad de ciudadanos asiáticos por irregularidades tributarias. Según el comunicado oficial, algunas de esas empresas realizaron transacciones bancarias por montos cercanos a cuatro mil millones de pesos, mientras ocultaban a la administración tributaria sus verdaderos niveles de actividad económica.

Este hecho no permite acusar indiscriminadamente a todos los negocios de capital chino. Sí demuestra, sin embargo, que las preocupaciones sobre transparencia y cumplimiento tributario no son producto de la imaginación y que el Estado tiene la obligación de investigar, fiscalizar y actuar.

La República Dominicana y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas en 2018 bajo el principio de igualdad y beneficio mutuo. Desde entonces se han firmado más de veinte acuerdos en áreas como comercio, inversión, turismo, agricultura, educación y cooperación. Transcurridos más de ocho años, corresponde evaluar sus resultados concretos.

El Gobierno dominicano no depende de préstamos significativos procedentes de China. El turismo chino continúa siendo muy limitado. Nuestras exportaciones hacia ese mercado siguen siendo reducidas y el déficit comercial aumenta. Entretanto, observamos una creciente presencia de capitales chinos en actividades que tradicionalmente han pertenecido a comerciantes y familias dominicanas.

Entonces, ¿en qué se basa el beneficio mutuo?

No basta con celebrar reuniones diplomáticas, firmar memorandos o anunciar oportunidades futuras. Una relación entre Estados debe medirse por resultados: acceso efectivo para nuestros productos, inversiones transparentes, creación de empleos dominicanos, transferencia tecnológica, pago de impuestos y respeto a las normas de competencia.

La República Dominicana no debe romper ni debilitar sus relaciones con China. Sería absurdo ignorar a una de las mayores economías y potencias tecnológicas del mundo. Tampoco debemos convertir esta discusión en una elección entre Estados Unidos y China. Nuestro país puede y debe mantener buenas relaciones con ambas potencias, pero siempre defendiendo sus propios intereses.

También sorprende la ausencia de Estados Unidos en esta discusión. Washington está presente —y con frecuencia solicita la cooperación dominicana— en asuntos como el narcotráfico, la migración, Haití, la seguridad regional, las telecomunicaciones y la defensa de las instituciones democráticas. Muchas veces hemos atendido sus preocupaciones porque reconocemos la profundidad de nuestra relación histórica, económica y estratégica.

Sin embargo, frente a la creciente expansión comercial china y al desplazamiento que esta puede provocar entre importadores, distribuidores, industriales y comerciantes dominicanos, Estados Unidos se ha mantenido llamativamente ausente del debate público. No se le ha escuchado con la misma claridad con que se pronuncia sobre otros aspectos de la presencia china en la región.

Esto resulta difícil de comprender. Si Estados Unidos considera que la expansión económica de China representa un desafío estratégico en América Latina y el Caribe, debería prestar atención no solo a los puertos, las telecomunicaciones o las grandes obras de infraestructura. También debería observar lo que está ocurriendo silenciosamente en el comercio cotidiano de nuestros países: la ocupación progresiva de cadenas completas de importación, distribución y venta al consumidor.

La República Dominicana no espera que Estados Unidos decida con quién podemos comerciar. Somos una nación soberana y debemos definir nuestra propia política. Pero entre aliados debe existir reciprocidad. Si Washington solicita nuestra cooperación en los temas que considera importantes para su seguridad y sus intereses, también debería acompañarnos cuando una transformación económica de esta magnitud amenaza a empresas dominicanas, empleos formales y sectores construidos durante generaciones.

La ausencia estadounidense no exonera al Gobierno dominicano de su responsabilidad. La defensa de nuestros comerciantes e industriales nos corresponde, en primer lugar, a nosotros mismos. Pero resulta legítimo preguntarse por qué nuestro principal socio económico guarda silencio ante una expansión comercial que, en otros escenarios, considera parte de un desafío estratégico mundial.

La política exterior dominicana no puede consistir simplemente en abrir las puertas y esperar que los beneficios aparezcan por sí solos. Necesitamos una estrategia nacional frente a la expansión comercial china.

La Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, ProCompetencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y las demás instituciones responsables deben trabajar coordinadamente para determinar quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas, de dónde procede su capital, si cumplen plenamente sus obligaciones tributarias y si existen prácticas de competencia desleal.

Asimismo, debemos revisar los incentivos concedidos a empresas extranjeras que terminan compitiendo en el mercado nacional contra industrias y comercios dominicanos que sí pagan impuestos. No tiene sentido utilizar recursos o exenciones del Estado para facilitar la sustitución del capital productivo nacional.

Algunos podrían describir lo que está ocurriendo como una invasión comercial. La expresión puede parecer fuerte. Más grave sería guardar silencio mientras desaparecen los importadores, distribuidores, ferreteros, comerciantes e industriales dominicanos que durante generaciones construyeron nuestro mercado.

China tiene una estrategia perfectamente definida. Estados Unidos defiende sus intereses cuando entiende que están en juego. La pregunta urgente es si la República Dominicana tiene la suya.