Reforma tributaria: ahora toca explicar

La propuesta tributaria del Gobierno ya dejó de ser una propuesta. En apenas veinticuatro horas recorrió todo el trayecto legislativo y se convirtió en ley, cumpliendo los procedimientos establecidos por la Constitución y los reglamentos del Congreso Nacional. La velocidad del trámite sorprendió a muchos, pero más llamaron la atención algunas modificaciones introducidas por los legisladores durante el proceso. 

Resulta difícil comprender que un grupo de senadores utilizara su investidura para reducir en RD$35,000 el impuesto único anual que deben pagar las bancas de lotería. Más difícil aún es justificar que también alteraran el esquema impositivo previsto para los premios de loterías, lotos, fracatanes, apuestas y sorteos. 

La propuesta original del Poder Ejecutivo contemplaba una retención de 25 % sobre las ganancias obtenidas en esos juegos de azar. Sin embargo, el Congreso decidió suavizar significativamente la medida. Con la nueva ley, esa tasa solo se aplicará a premios superiores a RD$600,000, mientras que las ganancias entre RD$200,001 y RD$600,000 tributarán apenas un 15 %. La modificación beneficia claramente a ese sector y deja la impresión de que determinados intereses encontraron oídos receptivos durante la discusión legislativa. 

Aun con esa concesión, la reforma conserva su propósito esencial: aumentar las recaudaciones del Estado entre RD$40,000 y RD$50,000 millones anuales sin trasladar la mayor carga tributaria a los sectores más vulnerables de la población. 

Uno de los aspectos más positivos de la nueva legislación es la actualización del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas. Durante casi una década ese umbral permaneció congelado mientras el costo de la vida continuaba aumentando. Ahora pasa de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales, una corrección que representa un alivio tangible para miles de trabajadores de ingresos medios. 

En la práctica, la medida equivale a un aumento indirecto del salario disponible, pues reduce la carga fiscal de quienes dependen exclusivamente de sus ingresos laborales. Además, acerca el mínimo exento a la realidad económica de los hogares dominicanos. 

También merece destacarse el incremento de la deducción por gastos educativos, que pasa de 25 % a 30 % y alcanza 50 % cuando esos gastos beneficien a personas con discapacidad. Asimismo, las pequeñas y medianas empresas recibirán un alivio importante al quedar exentas del pago de anticipos en las condiciones establecidas por la ley. Muchas pasarán de realizar doce pagos al año a solo tres, reduciendo significativamente su carga administrativa y financiera. 

El sector agropecuario, por su parte, queda exento tanto de anticipos como del impuesto a los activos, una medida orientada a estimular la producción nacional de alimentos en un contexto internacional que, aunque menos tenso, sigue marcado por la incertidumbre. 

Otro elemento digno de mención es que el ITBIS permaneció intacto. Fue una decisión prudente. Modificarlo habría significado impactar directamente el precio de alimentos, bienes de consumo masivo y servicios esenciales. En otras palabras, habría supuesto agitar un avispero social en momentos en que la estabilidad económica constituye uno de los principales activos del país. 

Pero la aprobación de la ley es apenas la primera parte de la tarea. Ahora comienza la segunda, y quizá la más importante: explicarla.

La transparencia gubernamental no puede agotarse en discursos ni campañas publicitarias. Los contribuyentes tienen derecho a saber por qué se les solicita un esfuerzo adicional, qué riesgos se intenta prevenir y cómo serán utilizados los recursos recaudados. Más aún cuando algunas de las circunstancias que sirvieron para justificar la urgencia de la reforma han evolucionado. La guerra que aceleró el debate concluyó mediante un acuerdo, el estrecho de Ormuz continúa abierto y los precios del petróleo muestran una tendencia descendente. 

Es cierto que la incertidumbre económica global persiste y que preservar la estabilidad social constituye una prioridad legítima. Pero esas razones deben exponerse con claridad, respaldadas por datos, proyecciones y argumentos verificables.

Las reformas tributarias no se sostienen únicamente con votos en el Congreso. Se sostienen, sobre todo, sobre la confianza ciudadana. Y la confianza surge cuando el Gobierno informa, escucha y rinde cuentas. La ley ya fue aprobada. Ahora corresponde convencer al país de que el sacrificio solicitado es necesario, razonable y será administrado con responsabilidad. Porque en materia de impuestos, tan importante como recaudar es merecer la confianza de quienes pagan.