La reputación también merece defensa

La discusión sobre el nuevo Código Penal se ha concentrado, con razón, en sus omisiones y contradicciones. Pero en el debate sobre difamación e injuria conviene evitar los extremos. Defender la libertad de expresión no exige cerrar los ojos ante una realidad cotidiana en la República Dominicana: la consolidación de una verdadera industria de la difamación.

La tendencia mundial hacia eliminar la cárcel por delitos de prensa es difícil de cuestionar. Las democracias prefieren sanciones civiles a la prisión para castigar excesos verbales. Pero el problema dominicano no está hoy en los medios tradicionales ni en el periodismo profesional, sino en una red de difamadores, chantajistas y mercaderes de reputaciones que operan desde redes sociales, canales improvisados y plataformas digitales, muchas veces con total impunidad y bajo el amparo del anonimato que ofrecen estas plataformas.

Aquí no hay periodistas que investiguen, contrasten fuentes o revelen hechos de interés público. Hay individuos que convierten la mentira en negocio, el descrédito en herramienta de presión y la viralidad en arma de extorsión. Destruyen reputaciones, fabrican linchamientos digitales y, con frecuencia, cobran por detenerlos.

La libertad de expresión es un pilar democrático, pero no el único: el honor, la intimidad y la reputación también lo son, y ninguna sociedad civilizada puede sacrificarlos en su nombre. El reto legislativo no es elegir entre libertad y protección, sino diseñar sanciones —preferiblemente civiles, pero efectivas— que golpeen con severidad al difamador profesional sin amedrentar al periodista que investiga ni al ciudadano que critica al poder.

La ley no debe convertirse en mordaza, pero tampoco en escudo para quienes han hecho de la calumnia un modelo de negocio. Ese es el equilibrio —difícil pero indispensable— que el nuevo Código Penal está obligado a alcanzar.