Casi 900 detenidos y 5 delincuentes abatidos en Ecuador ante despliegue militar y alza de impuestos

Patrullas militares y de la policía realizaban el viernes revisiones aleatorias a ciudadanos en el centro de la capital y otros puntos de Ecuador, como parte de la estrategia de seguridad que desplegó el gobierno esta semana ante una nueva secuencia de ataques violentos.

A sabiendas que las acciones para enfrentar la inseguridad podrían tener un costo a la larga, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya baraja medidas para poder financiarlas y presentó una ley urgente al Congreso para elevar los impuestos, generando polémica de inmediato.

Con armas largas y, en muchos casos, con la cara cubierta, militares y policías cachean y revisan a ciudadanos, con especial atención a los que llevaban mochilas o maletas en las instalaciones del transporte público en pleno centro de Quito, donde la víspera una alerta de bomba que fue descartada después tras un operativo con perros adiestrados y un robot.

En los patrullajes militares que dejan imágenes hasta ahora inusuales en el país, con tanquetas y grupos de soldados, también registran a quienes tienen tatuajes, en busca de símbolos que estén relacionados con bandas criminales. Desde el martes, cuando se emitió un decreto que declara a Ecuador en “conflicto armado interno” más de una veintena de grupos delictivos fueron catalogados como “terroristas”.

“Espero que los chequeos se realicen a todas las personas si se va a revisar por razones de seguridad, que sea a todo el mundo y no una específica parte de la población que ha sido el problema que ha habido últimamente en las revisiones”, dijo por la noche a The Associated Press la ciudadana Daniela Chacón durante un registro en Quito.

El gobierno presentó el viernes un balance de su “lucha”, como ha calificado repetidamente el presidente Noboa al despliegue de la fuerza pública, que deja un saldo de 859 personas detenidas, 94 de ellas “por terrorismo” y cinco delincuentes abatidos, catalogados como “terroristas”, señaló el reporte publicado en la cuenta de la red social X de la presidencia en donde no se especifican las circunstancias de estas muertes.

Tampoco se ha detallado si esos cinco muertos son adicionales a las 14 personas muertas en la ciudad costera de Guayaquil y sus alrededores desde que arrancó la secuencia de ataques del lunes. No se conoce la cifra de víctimas a nivel nacional.

Según ese recuento oficial, en la última semana ha habido 20 atentados contra infraestructura pública y privada y en más de 7.800 operativos realizados se han incautado 246 armas de fuego, 187 armas blancas, 126 explosivos y más de 4,000 municiones, agregó. En cambio, apenas, 1,400 dólares.

Tampoco se especificó en el balance la situación en la que se encuentran los funcionarios penitenciarios, entre guardias y personal administrativo, que llevan retenidos en siete cárceles desde el inicio de la semana.

Más temprano, el ente responsable del sistema penitenciario informó de 170 rehenes en las cárceles —155 guardias y 15 administrativos— pero la presentación de la presidencia solo menciona a la quincena del personal administrativo.

Entre jueves y viernes, ocho retenidos fueron liberados indicó el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad.

La situación de violencia en Ecuador escaló dramáticamente el fin de semana pasado tras la misteriosa desaparición en una cárcel de mediana seguridad de Guayaquil del capo Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal más peligroso del país, Los Choneros, que mantiene relación con el cártel mexicano de Sinaloa, según las autoridades, así como de la posterior fuga de otra prisión de Fabricio Colón Pico, otro líder criminal regional de otra organización, Los Lobos.

En un video divulgado en las redes la víspera, Colón Pico ofreció entregarse a cambio de que las autoridades garanticen su vida.

Noboa, quien asumió el poder a fines de noviembre, decretó primero un estado de emergencia a inicios de semana y posteriormente declaró que el país entraba en un conflicto armado interno, con el objetivo de poder movilizar a los militares en función de seguridad pública contra una veintena de organizaciones criminales y ligadas al narcotráfico y otros delitos.

La población ecuatoriana, temerosa, ve aparentemente con buenos ojos la presencia de uniformados en las calles, a quienes en algunos casos obsequian espontáneamente con refrescos, emparedados, galletas y otras vituallas, especialmente, en las noches.

Bajo el argumento de que "una guerra cuesta y cuesta mucho”, Noboa envió el jueves por la noche al Legislativo una propuesta de ley económica de emergencia que en su parte medular propone subir del 12 al 15% el impuesto al valor agregado, en un intento de buscar ingresos para sostener financieramente el conflicto.

Esa propuesta debe ser analizada y aprobada o negada por los legisladores, aunque dos de los principales bloques ya se pronunciaron en contra. Si en 30 días no hay respuesta, automáticamente entrará en vigencia.

Para el analista y catedrático de la universidad Central, Santiago García, ese incremento propuesto impactaría negativamente “en el crecimiento económico del país” tras argumentar que “tendrá un efecto muy fuerte en la caía de producción y en la baja de los niveles de consumo”.

"Representa una ventaja para el Estado pero una desventaja para el ciudadano”, añadió a la AP.

Buena parte de los ecuatorianos seguían el viernes en modo de teletrabajo y con las escuelas en clases virtuales, en tanto que la mayor parte de negocios y comercios continuaban cerrados por temor al estado de la violencia.

La crisis y el miedo de la población se agravó el martes cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en vivo en el canal TC Televisión en Guayaquil. Miles de espectadores presenciaron cómo amedrentaron con armas largas, cortas y explosivos a periodistas y trabajadores de ese medio. La policía neutralizó a los armados. El hecho dejó un camarógrafo herido de bala en la pierna.

Noboa visitó las instalaciones del canal el viernes en medio de un amplio contingente de seguridad. “Vengo a ver a las personas que fueron víctimas de un atentado terrorista, que trabajan para un medio estatal... Vengo a verlos y a solidarizarme con ellos”.

La violencia distaba mucho de ser aplacada a pesar de todo el despliegue militar y policial, particularmente en las cárceles.

Durante la madrugada, un cuerpo fue arrojado desde la prisión de la ciudad de Machala —373 kilómetros al suroeste de Quito— hacia el exterior y las autoridades confirmaron que se trató de un preso asesinado.

En medio de las medidas de emergencia, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una declaración de prensa manifestó que cualquier medida para afrontar la violencia en el país “debe ser proporcional y limitada a lo requerido a la situación de seguridad”. Agregó que cualquier restricción de derechos debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.

La Organización de Estados Americanos (OEA), de su lado, expresó el viernes su “profundo rechazo” a los actos violentos que causan una “grave crisis y conmoción social” en Ecuador, afectando a la sociedad en general.

El organismo aprobó por unanimidad una declaración con la que respalda los esfuerzos del gobierno “para restaurar el orden” y lo insta a “una firme defensa del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”. Ofreció a su vez la cooperación técnica que sea posible, ante el pedido de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld de un “apoyo decidido” de la región para conseguir “eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada internacional”, que —dijo— dejó en 2023 más de 8.000 muertes violentas en el país sudamericano, pese a que la cifra oficial de homicidios a cierre de año es de 7.600.