Irán dicta otra condena a muerte por las protestas y ya son 17

Un tribunal revolucionario iraní condenó este martes a un preso a la pena de muerte por su participación en las protestas que sacuden el país, lo que eleva a 17 el número de personas sentenciadas a la horca por una revuelta que pide el fin de la República Islámica, de las que han sido ejecutadas cuatro.

Javad Rouhi fue condenado a la horca por “liderar” en diciembre a un grupo de “alborotadores" en los “disturbios” de la norteña ciudad de Noshahr, en unos incidentes en los que murieron cinco personas y en los que varios efectivos de seguridad resultaron heridos, informó Mizan, agencia del Poder Judicial.

Debido a su "liderazgo" en las protestas, Rouhi ha sido sentenciado por “corrupción en la tierra” por cometer crímenes contra la seguridad del país, la destrucción de propiedades y colusión para cometer crímenes.

Además, ha sido sentenciado por cometer apostasía al quemar un Corán, libro sagrado del islam.

Mizan remarcó que el acusado contó con un abogado durante el procedimiento judicial y señaló es posible apelar la condena en un tribunal superior.

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero las movilizaciones han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

El Gobierno iraní ha reprimido fuertemente las movilizaciones, protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres que piden más libertades al grito de "mujer, vida, libertad”.

Con la condena a Rouhi ya son 17 las personas sentenciadas a la pena máxima por delitos cometidos durante las protestas.

Hasta ahora, cuatro reos han sido ejecutados, a pesar de los llamamientos internacionales para que paren los ahorcamientos.

La Unión Europea (UE) se ha declarado consternada en numerosas ocasiones por las ejecuciones y ha pedido a Teherán que "anule sin demora" las condenas a muerte contra los manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado los juicios como "farsas" e "injustos" y los consideran una "venganza".

Casi 500 personas han muerto en las protestas y cerca de 20.000 han sido detenidas, según la ONG Irán Human Rights, con sede en Oslo.