España extradita a Italia a un supuesto capo de la mafia calabresa
Autoridades creen que ocupaba el cargo de "Vangelo", figura destacada dentro de la organización
La Justicia española acordó extraditar a Italia a Vittorio Raso, un supuesto capo de la organización criminal 'Ndrangheta, la mafia calabresa, que fue detenido en la localidad de Castelldefels, en la provincia de Barcelona (este) en junio.
Según confirmaron a Efe fuentes cercanas al caso, la Policía española trasladó este jueves a Raso al aeropuerto de la capital catalana proceder a su entrega a las autoridades italianas, una vez que fue autorizada su extradición.
Raso fue detenido inicialmente el 10 de octubre de 2020 en un barrio de Barcelona, aunque quedó libre tras pasar a disposición judicial, al estar en ese momento solo acusado de un delito de extorsión.
Sin embargo, a las dos horas de su liberación, llegaron al juzgado ante el que acababa de comparecer nuevos informes con nuevos delitos más graves por los que Italia pedía su entrega, pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes, además de extorsión, pero el presunto capo ya había huido.
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La Audiencia Nacional española ordenó de nuevo su detención, que no fue posible hasta casi dos años más tarde, el pasado 21 de junio, cuando la policía local de Castelldefels, en un control rutinario, paró a Raso, que llevaba documentación falsa, y, al verificar sus huellas y comprobar que tenía varios requerimientos, procedió a su arresto, tras el cual ingresó en prisión.
Raso contaba supuestamente con cobertura de la 'Ndrangheta al ser un importante miembro dentro de su estructura, ya que se cree que ocupaba el cargo de "Vangelo", figura destacada dentro de la organización calabresa que desarrolla principalmente su actividad criminal a través del tráfico de drogas y armas.
Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por unos hechos ocurridos en 2016 cuando, formando parte de la 'Ndrangheta, se dedicaba presuntamente a extorsionar a las víctimas mediante amenazas y violencia, para cobrar un interés del 10 % mensual a personas a las que la organización había prestado previamente una suma de dinero que solía oscilar entre 40,000 y 50,000 euros.
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