Rubio testifica en juicio de amigo acusado de hacer lobby para Venezuela

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, compareció este martes como testigo en el juicio de un viejo amigo acusado de hacer lobby en secreto para el gobierno de Venezuela durante la primera administración de Donald Trump.

David Rivera, un republicano de 60 años que fue legislador estatal de Florida y después representó a ese estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es juzgado en una corte federal de Miami por presunto cabildeo ilegal entre febrero de 2017 y diciembre de 2018.

Rubio testificó ante el tribunal durante unas tres horas, en las que confirmó que Rivera era "un amigo cercano", con el que incluso compartió casa cuando ambos eran legisladores estatales, y negó saber nada del supuesto contrato firmado por él con las autoridades venezolanas.

Contratado por Maduro

Según la acusación, Rivera fue contratado por el exmandatario venezolano Nicolás Maduro --derrocado en enero en una operación militar estadounidense y encarcelado en Nueva York acusado de narcotráfico-- para lograr que la Casa Blanca suavizara su política hacia Caracas con la ayuda de sus contactos republicanos.

La Fiscalía no le reprocha ningún delito a Rubio, que era senador cuando en julio de 2017 se entrevistó en dos ocasiones con su amigo para abordar el futuro de Venezuela.

Según declaró el secretario de Estado, antes de ese primer encuentro, de unas dos horas, Rivera le dijo que quería verlo para hablar del hecho que "personas dentro del régimen de Maduro estaban dispuestas a hacerse a un lado" y permitir "elecciones libres y justas".

Para demostrarle a Estados Unidos la veracidad de esa información, Caracas iba a proporcionar una carta del propio Maduro en el que debía reconocer su intención de permitir elecciones libres, según le explicó Rivera a Rubio. Según Rubio dicha carta nunca llegó a sus manos.

Los fiscales aseguran que Rivera convenció a Delcy Rodríguez, entonces ministra de Exteriores y actual presidente interina de Venezuela, que le concediera un contrato de 50 millones de dólares para su labor de cabildeo, pagado a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Rivera y la asesora política Esther Nuhfer están imputados por lavado de dinero y por no registrarse como agentes extranjeros en Estados Unidos, entre otros cargos.

El testimonio de Rubio es un hecho poco común: ningún miembro de un gobierno estadounidense en funciones había declarado en un juicio penal desde 1983, cuando lo hizo el entonces secretario de Trabajo Raymond Donovan en un proceso contra la mafia.