Las investigaciones de corrupción que el PP quiso denunciar y terminaron salpicando a RD

La polémica en la política española ha salpicado a la República Dominicana tras la difusión de un video del Partido Popular (PP) que presenta al país como "La isla de las corrupciones". 

Lo que pretendió ser un material satírico creado con inteligencia artificial contra el Gobierno español que dirige Pedro Sánchez se convirtió en un ataque vilipendiado contra la República Dominicana. El gobierno dominicano rechazó la manipulación de su imagen y negó cualquier vínculo con la trama de corrupción investigada en España.

Estas son las razones del ataque del PP contra políticos del PSOE:

Sánchez (Pedro Sánchez)

Estado actual: Presidente del Gobierno de España, citado como testigo en la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se acogió a su derecho de no declarar contra su cónyuge.

Aldama (Víctor de Aldama)

Naturaleza de la presunta corrupción: Empresario identificado como “comisionista” o facilitador de una trama corrupta vinculada a contratos públicos. Aldama habría actuado de intermediario para obtener adjudicaciones (por ejemplo, en la compra de mascarillas durante la pandemia) a cambio de sobornos o comisiones ilegales.

En su declaración judicial, Aldama confesó pagos en efectivo a altos cargos: por ejemplo, dijo haber entregado 400,000 euros al exministro José Luis Ábalos, 200,000 euros a su asesor Koldo García, 25,000 euros al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, y 15,000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También sostuvo que facilitó contratos de obra pública para empresas españolas en el extranjero, lo cual le granjeó el favor de miembros del Gobierno.

• Estado actual: Víctor de Aldama se encuentra investigado judicialmente. Tras declarar voluntariamente ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2024 aportando un dossier de 37 páginas con supuestas pruebas, el juez central elevó la causa al Tribunal Supremo para los aforados implicados. Aldama obtuvo la libertad provisional gracias a su colaboración, por orden del juez Santiago Pedraz y con aval de la Fiscalía Anticorrupción. Permanece como pieza clave de la investigación (“caso Koldo”) en curso. Sus afirmaciones están siendo contrastadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juzgado, y podrían servir para sustentar futuras imputaciones de otros implicados. Mientras tanto, Aldama continúa imputado en el caso original de fraude fiscal por el que fue arrestado, a la espera de juicio.

Armengol (Francina Armengol)

Naturaleza de la presunta corrupción: Se investiga su posible vinculación con un contrato público sospechoso durante su mandato como presidenta de Baleares. En concreto, en 2020 su gobierno adjudicó 1.4 millones de mascarillas por 3.7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a la trama Koldo. La sospecha es que dicha adjudicación pudo haberse realizado de forma irregular o favoreciendo a la trama que luego pagaba comisiones. No se alega que Armengol recibiera dinero personalmente, sino que bajo su administración se firmó un contrato ahora bajo escrutinio por posibles sobreprecios o comisiones ilícitas.

• Estado actual de las investigaciones: no está formalmente imputada. En octubre de 2024, el juez de la Audiencia Nacional rechazó citarla como investigada, señalando que carece de competencia por ser aforada (su cargo de presidenta del Congreso le otorga fuero ante el Supremo). Además, el magistrado indicó que no existe por ahora base probatoria suficiente para imputarla por esos hechos. Armengol ha manifestado que no permitirá que “mancillen” su nombre y estudia acciones contra quienes la acusen falsamente. En resumen, el contrato de Baleares sigue bajo examen en el caso Koldo, pero Armengol no enfrenta cargos actualmente; cualquier avance requeriría indicios nuevos y, de haberlos, una eventual elevación al Tribunal Supremo debido a su aforamiento.

Koldo (José Manuel “Koldo” García)

Naturaleza de la presunta corrupción: Exasesor personal y chófer del ministro Ábalos, señalado como pieza clave de la trama. A Koldo se le atribuye actuar como intermediario dentro de la administración, aprovechando su acceso al Ministerio de Transportes y otros entornos de poder para obtener contratos públicos y favores que beneficiaban a empresarios como Aldama. A cambio, habría recibido pagos en efectivo y otros beneficios. Según la investigación, formaba parte de una supuesta organización criminal para repartirse comisiones ilegales en contratos de mascarillas. Por ejemplo, Aldama declaró que entregó a Koldo 100,000 euros como parte de ese reparto de sobornos. Además, Koldo está implicado en la facilitación de ventajas personales para Ábalos (como gestionar el alquiler de un piso para la pareja del ministro), lo cual se investiga como cohecho en especie.

• Estado actual: Imputado y bajo investigación. Koldo García Izaguirre es investigado por la Audiencia Nacional como uno de los principales implicados; se le atribuyen posibles delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y malversación. Tras las revelaciones de Aldama y los informes de la Guardia Civil, el caso contra Koldo se ha reforzado. A finales de 2024, el Tribunal Supremo asumió la parte del caso relativa a Ábalos (por su aforamiento), manteniendo al resto –incluido Koldo– bajo jurisdicción de la Audiencia Nacional. Koldo ha prestado declaración negando varias acusaciones (según Anticorrupción, su versión fue poco creíble al negar pagos evidentes) y, de momento, permanece en libertad provisional. Continúa la instrucción sumarial: en 2025, testigos clave (como Jéssica Rodríguez) han declarado ante el Supremo aportando información que “acorrala” aún más a Ábalos y a Koldo. Se espera que, una vez concluida la investigación, Koldo enfrente un eventual juicio junto a otros implicados.

“El Fiscal” (Álvaro García Ortiz)

Naturaleza de la presunta corrupción: En este caso se refiere al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, implicado en un posible delito de revelación de secretos. La acusación es que desde la Fiscalía se habría filtrado información confidencial de una investigación judicial para perjudicar a un adversario político (concretamente, datos sobre una causa contra el empresario Alberto González, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) . Aunque no se trata de corrupción económica, es una irregularidad grave: se sospecha que el fiscal general pudo haber divulgado ilícitamente secretos de sumario o comunicaciones interceptadas, vulnerando la ley para fines ajenos a la justicia.

• Estado actual de las investigaciones: Álvaro García Ortiz permanece imputado (investigado) por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal del Supremo se declaró competente y ha ratificado la legalidad de las pruebas recabadas (incluido el registro de su despacho). El fiscal general, por su parte, niega haber cometido delito y se ha aferrado al cargo: anunció que seguirá en sus funciones mientras no haya una acusación formal, pese a los varapalos judiciales y la división interna que el asunto ha generado. A fecha de 2025, la investigación por revelación de secretos sigue abierta, recabando pruebas (por ejemplo, se solicitó a WhatsApp recuperar mensajes borrados del teléfono del fiscal). No se ha formulado aún un escrito de acusación ni hay fecha de juicio; García Ortiz continúa ejerciendo como fiscal general, aunque bajo intensa presión política y mediática.

Cerdán (Santos Cerdán)

Naturaleza de la presunta corrupción: Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, fue acusado por Aldama de haber recibido un soborno. En concreto, Aldama declaró ante el juez que entregó a Cerdán 15,000 euros en efectivo, dentro de un sobre, tras una adjudicación pública. Ese pago estaría relacionado con el “cupo vasco”, es decir, una supuesta cuota de comisiones asignada a Cerdán por su influencia política en Navarra/País Vasco . La acusación sugiere que Cerdán, en su calidad de alto cargo del PSOE, pudo facilitar contratos a empresas amigas a cambio de un pago bajo mano. No hay indicios de que el dinero fuese para él a título personal o para financiar al partido (ambas posibilidades se han especulado); en cualquier caso, hasta ahora la única fuente de esta acusación es el testimonio de Aldama.

• Estado actual: Sin imputación formal. Hasta el momento, Cerdán no ha sido llamado como investigado por ningún juzgado. Dado que es diputado (aforado ante el Supremo), cualquier diligencia penal requeriría que el juez de la Audiencia Nacional eleve una exposición al Alto Tribunal. Eso no ha ocurrido: el juez Moreno indicó en noviembre de 2024 que evaluaría las afirmaciones de Aldama, pero que carecía de pruebas independientes para proceder contra Cerdán en ese momento. La Fiscalía Anticorrupción tampoco ha encontrado aún corroboración documental del supuesto pago. Cerdán continúa en su cargo orgánico y como parlamentario, y niega haber participado en conducta ilícita. No obstante, sigue bajo la sombra de la sospecha mediática: la UCO investiga las circunstancias de aquella adjudicación mencionada, y si surgieran evidencias (por ejemplo, registros contables u otros testigos) podría reactivarse el asunto ante el Supremo. A día de hoy, es una acusación pendiente de verificación, sin procedimiento judicial abierto en su contra.

Ángel Víctor (Ángel Víctor Torres)

Naturaleza de la presunta corrupción: Ex presidente de Canarias (2019-2023) y actual ministro de Política Territorial, acusado por Aldama de solicitar una comisión en efectivo. Según la declaración de Víctor de Aldama, Koldo García le transmitió que Torres pidió 50,000 euros a cambio de las gestiones para la compra de mascarillas por el Gobierno canario. Esta acusación implica que Torres habría condicionado o “agilizado” contratos públicos de material sanitario durante la pandemia a cambio de un soborno personal de 50,000 euros. Las empresas de la trama Koldo obtuvieron efectivamente varios contratos del Servicio Canario de Salud en 2020, lo que da contexto a la acusación (se sugiere que ese pago sería la contraprestación ilícita por adjudicarles dichos contratos). Torres ha negado tajantemente haber pedido o recibido dinero, calificando la acusación de “falsa y grave”, pero la denuncia queda sobre la mesa.

• Estado actual de las investigaciones: No hay imputación judicial contra Torres en este momento. Dado que es aforado (miembro del Gobierno y diputado autonómico en su momento), cualquier investigación formal debería llevarla el Tribunal Supremo. Hasta ahora, la acusación existe solo en el sumario del caso Koldo a partir del testimonio de Aldama. El juez de la Audiencia Nacional ha recopilado documentos de las adjudicaciones canarias de mascarillas y mensajes de texto incautados; según fuentes del caso, hay constancia de comunicaciones donde Koldo pedía acelerar pagos y mencionaba comisiones. No obstante, Torres no ha sido citado ni acusado oficialmente. La Fiscalía Anticorrupción, de momento, valora con cautela esta acusación aislada. Torres continúa ejerciendo como ministro. Su futuro político-judicial dependerá de si aparecen evidencias que corroboren la versión de Aldama (por ejemplo, registros financieros o mensajes directos). En ausencia de pruebas adicionales, la acusación podría quedar como un testimonio no verificado. Torres, por su parte, mantiene su compromiso de renunciar si se llegara a probar algo, pero insiste en que “no lo van a encontrar”.

Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno)

Naturaleza de la presunta corrupción: No se le acusa de haber recibido dinero, pero su nombre aparece ligado a las tramas por conocimiento o consentimiento de actos irregulares. Víctor de Aldama declaró que Pedro Sánchez estaba al corriente de ciertas operaciones: por ejemplo, afirmó que Sánchez quiso conocerlo personalmente para “agradecerle” trabajos facilitados (contratos en México). También señaló que Sánchez, junto a varios ministros, sabía de la llegada de Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela) a Madrid en enero de 2020 pese a las sanciones, e incluso que inicialmente planearon una cena con ella. En suma, las acusaciones dibujan a Sánchez como partícipe en la sombra: no se le imputa un cohecho concreto, pero sí haber auspiciado o no impedido la corrupción de sus colaboradores. La oposición también le reprocha un posible uso indebido de recursos oficiales en beneficio privado de su familia –lo que llamaron el “caso Niñera”– alegando que ordenó a un escolta (Koldo) hacer de asistente personal de su esposa e hijas, aunque este señalamiento no prosperó judicialmente.

• Estado actual: No está imputado en ningún procedimiento. Pedro Sánchez goza de prerrogativas como presidente y, además, no han aparecido pruebas directas en su contra más allá de testimonios. En el “caso Koldo”, su papel ha sido únicamente citado por terceros (Aldama, principalmente) sin que eso haya derivado en ninguna actuación judicial específica contra él. En julio de 2024, Sánchez tuvo que declarar ante un juez como testigo –no como investigado– en la causa de su esposa Begoña Gómez; esa declaración se realizó en Moncloa, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio testifica presencialmente por un caso judicial. En ella, Sánchez respondió (acogiéndose parcialmente a su derecho a no declarar por vínculo conyugal) acerca de si conoció o intervino en gestiones relacionadas con la actividad profesional de su mujer. Fuera de ese trámite, Sánchez no enfrenta cargos. Continúa afirmando su inocencia absoluta y acusando a la oposición de usar falsedades judicializadas para atacarlo. A nivel parlamentario, la mayoría gubernamental ha bloqueado intentos de crear comisiones de investigación específicas sobre su persona. Por tanto, Sánchez no tiene procedimientos penales abiertos; su implicación se reduce al desgaste político y reputacional por las acusaciones de terceros.

Begoña (Begoña Gómez)

Naturaleza de la presunta corrupción: Esposa del presidente Sánchez, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios y otros delitos en el llamado “caso Begoña Gómez”. Se le atribuye haber aprovechado su posición para beneficiar a empresas afines a través de contratos o subvenciones públicas. En concreto, se indaga si Begoña medió para la creación de una cátedra académica a su medida (la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense) con ayuda del empresario Juan Carlos Barrabés, y si a cambio las empresas de este obtuvieron contratos públicos millonarios de ministerios del Gobierno. También se investigan posibles injerencias en ayudas públicas y si Begoña tuvo alguna influencia en operaciones como el rescate estatal de Air Europa (aunque la UCO no halló indicios de que interviniera en ese asunto).

En suma, las sospechas giran en torno a favores cruzados: impulsar proyectos profesionales de Begoña o su entorno a cambio de adjudicaciones ventajosas.

• Estado actual de las investigaciones: Investigada formalmente (imputada), pero sin acusación firme. El sumario sigue abierto en el juzgado madrileño. En la fase de instrucción, se han tomado varias declaraciones: Barrabés declaró en julio de 2024, admitiendo reuniones con Begoña (dijo haberse reunido con ella 8 veces en Moncloa, en 2 de las cuales estuvo presente Pedro Sánchez); poco después, el juez imputó a Barrabés por los contratos obtenidos, sospechando de tráfico de influencias. Begoña Gómez, por su parte, recurrió su imputación y solicitó el archivo, pero la Audiencia Provincial rechazó esos recursos en septiembre 2024, avalando continuar las diligencias. Actualmente (2025) el caso sigue en fase de investigación: el juez está analizando documentación sobre las adjudicaciones a las empresas de Barrabés y el origen de la cátedra UCM. También se investiga la contratación de una colaboradora de Begoña en Moncloa (Cristina Álvarez) para determinar si actuó presionando a funcionarios. La Fiscalía Europea mostró interés en ciertos fondos involucrados, lo que añade complejidad. De momento, Begoña Gómez no ha sido procesada; podría ser exonerada si no se hallan pruebas sólidas. La Fiscalía española mantiene la postura de falta de indicios y podría reiterar la petición de sobreseimiento si la instrucción no arroja nada concluyente. Hasta entonces, Begoña permanece en libertad sin medidas cautelares, y su defensa sostiene que no influyó ilegalmente en ningún contrato.

Ábalos (José Luis Ábalos)

Naturaleza de la presunta corrupción: Exministro de Fomento/Transportes y ex número 3 del PSOE, acusado de ser pieza central de una red de cobro de comisiones ilegales. Bajo su gestión ministerial (2018-2021) se adjudicaron contratos públicos –principalmente de material sanitario durante la pandemia– de los cuales una parte del importe habría sido desviada en forma de sobornos. Ábalos está señalado de organizar o permitir esta trama desde su ministerio, beneficiándose personalmente. Las dádivas identificadas incluyen grandes sumas en efectivo (Aldama afirma haberle pagado en total entre 250,000 euros  y 400,000 euros  en distintas entregas) y también pagos en especie: la trama pagó durante años el alquiler de un piso de lujo donde vivía la pareja de Ábalos, e incluso facilitó al exministro el uso de un chalé vacacional en Cádiz sin coste. Estas ventajas las habrían sufragado los empresarios a cambio de conseguir contratos públicos inflados y otros favores administrativos. En paralelo, a Ábalos se le acusa de abuso de poder en el “Delcygate” (permitir la entrada de una mandataria extranjera sancionada), lo que, aunque no es cohecho, se enmarca en las supuestas actuaciones irregulares durante su mandato.

• Estado actual: Imputado por el Tribunal Supremo. Desde noviembre de 2024, Ábalos es formalmente investigado por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El Supremo asumió la causa debido a su fuero parlamentario (que ostentaba hasta agosto 2023) y designó un magistrado instructor. La investigación está en curso: ya se han recopilado pruebas materiales (como mensajes, registros bancarios y el testimonio de Aldama) que apuntan a que Ábalos tuvo un “papel principal” en la trama. La exposición razonada del juez detalla cómo Ábalos se benefició de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) pagado por empresarios amigos, y del piso en Madrid para Jéssica Rodríguez, además de aceptar dinero en efectivo. Asimismo, se investiga su posible implicación en la concesión irregular de contratos en su Ministerio y empresas públicas vinculadas (ADIF, Ineco). En 2025, el Supremo tomó declaración a varios testigos (incluida Jéssica Rodríguez) que han aportado información que refuerza la acusación de cohecho. Ábalos, en caso de ser procesado, podría enfrentar un juicio en el Supremo. Mientras tanto, no ocupa cargo público (perdió su escaño y fue suspendido de militancia del PSOE) y está centrado en su defensa legal. Sus abogados han solicitado el archivo de algunas acusaciones argumentando falta de conexión con el caso Koldo, pero por ahora la instrucción sigue adelante. Se espera que en los próximos meses se decida si se le envía a juicio oral. Ábalos mantiene su inocencia, pero su futuro judicial es incierto y podría enfrentar penas graves si se confirman los cargos.

Jésica (Jéssica Rodríguez)

Naturaleza de la presunta corrupción: Jéssica Rodríguez es una partícipe colateral en la trama, presuntamente beneficiaria de favores pagados con dinero ilícito. Fue pareja sentimental de José Luis Ábalos y, gracias a la “trama Koldo”, disfrutó de pagos en especie que hoy se consideran sobornos indirectos al exministro. En particular, la red corrupta le costeó durante unos tres años y medio el alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de Madrid, con una renta mensual de aproximadamente 2,700 euros. Además, según ha salido a la luz, Jéssica fue contratada en dos empresas públicas (Ineco, dependiente de Transportes; y Tragsatec, vinculada a Agricultura) sin realizar trabajo efectivo alguno, es decir, empleos ficticios creados para proporcionarle un sueldo. Todos estos beneficios tendrían como finalidad favorecer a Ábalos (manteniendo contenta a su pareja y aliviando sus gastos personales) a cambio de los contratos públicos que Ábalos otorgaba a los empresarios de la trama. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción aprecia en estos hechos un claro delito de cohecho: el pago del piso de Jéssica constituye una dádiva ilegal ligada al cargo de Ábalos.

• Estado actual de las investigaciones: Jéssica Rodríguez no está imputada penalmente; más bien figura como testigo cooperante en la causa. En su declaración ante el Supremo, admitió los hechos materiales (que la trama le pagó el piso y que obtuvo puestos salariales donde no trabajó) pero exculpó a Ábalos, afirmando que él no gestionó personalmente esos beneficios. Dijo creer que fue Koldo quien le consiguió la vivienda “como favor de unos amigos” y negó que Ábalos mediara para colocarla en empresas públicas. Pese a sus intentos de desvincular al exministro, su confesión fue muy relevante para la instrucción: corroboró la existencia de las comisiones en especie y aportó detalles para seguir la pista del dinero. Ahora la investigación se centra en identificar a todos los responsables de otorgarle esos favores: directivos de Ineco y Tragsatec están bajo la lupa, y no se descarta que se amplíe la causa por malversación en esos entes públicos. La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de marzo de 2025, subrayó la gravedad de que la pareja de un ministro gozase de vivienda gratis y sueldo público sin trabajar, considerándolo parte del soborno a Ábalos. Jéssica, al colaborar como testigo, probablemente no enfrentará cargos si no se prueba que actuó dolosamente; su figura queda más bien como la prueba viviente del cohecho, cuyo testimonio ha reforzado la posible acusación contra Ábalos. En resumen, sigue usando (hasta nuevo aviso) el piso –que continúa a su disposición– y queda a la espera de eventuales juicios, en los cuales podría ser llamada a testificar. Por lo demás, ha desaparecido del foco público tras su declaración, mientras el caso avanza contra los principales responsables.