Nicaragua cierra 1,500 oenegés, la mayoría religiosas

El gobierno de Nicaragua clausuró este lunes 1,500 oenegés, la mayoría religiosas, según una resolución oficial, en lo que es el mayor cierre de organizaciones ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra de 2018.

Según una decisión del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial La Gaceta, la anulación de la inscripción de esas 1,500 oenegés se debe a que "no reportaron" sus "estados financieros" por "periodos de entre 01 hasta 35 años", y sus bienes serán incautados por el Estado.

Nicaragua endureció las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno Ortega en 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.

El cierre de oenegés sin precedentes anunciado este lunes eleva a más de 5.100 las organizaciones civiles clausuradas por el gobierno desde 2018.

Además de entidades religiosas, fueron anuladas las personerías jurídicas de numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También la Cruz Roja Nicaragüense.

También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80.

Nueva ley contra las oenegés

El pasado viernes, el gobierno dictó una polémica normativa que obliga a las oenegés a trabajar únicamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales.

La medida fue anunciada un día después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, "profundizará la persecución" de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.

Medios opositores nicaragüenses editados en el exilio criticaron la nueva norma que regula la labor de las oenegés.

El gobierno impuso a las oenegés de Nicaragua un "nuevo modelo de operatividad", que les arrebata la autonomía de sus proyectos, y pretende controlar los recursos que estas reciben, según analistas.

El gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que lo acusan de medidas autoritarias, también ha cerrado radios y universidades católicas. Decenas de sacerdotes estuvieron detenidos y forzados al exilio.

Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, que califica de intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Desde agosto fueron detenidos más de una decena de sacerdotes, la mayoría expulsados al Vaticano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó la semana pasada al gobierno de Ortega a cesar "la represión generalizada y la persecución religiosa en el país" centroamericano.

La CIDH denunció también la detención arbitraria de al menos 141 personas, que se encuentran en condiciones de insalubridad, con escaso acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención médica.