Gobierno colombiano refuerza la seguridad de Corte Suprema ante alerta de atentado

El Gobierno colombiano ordenó reforzar la seguridad de la Corte Suprema de Justicia y de otras sedes judiciales del país después de la alerta de seguridad emitida por la Policía al hallar, en un operativo de Bogotá, explosivos y una maqueta del Palacio de Justicia de la capital.

"Desde el primer momento en que se conoció la situación, el Gobierno, en colaboración estrecha con la Policía Nacional y el Ejército, ha reforzado la seguridad en el Palacio de Justicia en Bogotá", anunció este viernes la Presidencia colombiana en un comunicado donde aseguran que tienen "sistemas avanzados de vigilancia", "equipos antiexplosivos" y "drones para monitoreo continuo".

La alerta fue emitida el jueves, después de que en dos allanamientos realizados en el sur de la capital colombiana se encontraron explosivos junto a los planos del Palacio de Justicia, y tras lo cual el presidente colombiano, Gustavo Petro, realizó un consejo de seguridad extraordinario donde también se ordenó incrementar las medidas de protección en otras sedes judiciales del país.

La presidencia indicó en un comunicado que además de la presencia de policías y militares para el Palacio de Justicia en Bogotá, instalaron equipos antiexplosivos, sistemas de vigilancia, unidades especializadas en seguridad y drones que monitorean el edificio ubicado en la Plaza de Bolívar, donde también se encuentra el Congreso, la alcaldía de la capital y a pocas cuadras, el palacio presidencial.

Las medidas de seguridad aumentaron para el Palacio de Justicia y otras sedes judiciales del país luego de un consejo de seguridad extraordinario convocado por el presidente Gustavo Petro el jueves, agregó el reporte.

Algunos medios locales reportaron el hallazgo de explosivos, municiones y planos del Palacio de Justicia escondidos en viviendas al sur de Bogotá. La policía declinó confirmar la información y convocó a una conferencia de prensa para dar declaraciones oficiales.

El Palacio de Justicia fue tomado en 1985 por la extinta guerrilla M-19, lo que terminó en una tragedia luego de que el ejército intentó tomar el control a la fuerza y murieron decenas de magistrados, guerrilleros y otros fueron desaparecidos.