Asesinan a balazos a dirigente pesquera mexicana que denunció extorsión y pesca ilegal

Una dirigente de la industria pesquera mexicana que había denunciado extorsiones de cárteles de la droga y pesca ilegal fue asesinada a tiros en el estado fronterizo de Baja California, en el noroeste de país, anunciaron el martes autoridades estatales.

Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional la Industria Pesquera en el estado de Baja California, murió tras recibir varios disparos de arma de fuego en una agresión directa, informó a la prensa la fiscal estatal María Elena Andrade.

El asesinato tuvo lugar la noche del lunes en la ciudad portuaria de Ensenada y se produjo horas después de que Pérez denunciara la competencia de la pesca ilegal.

“La pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción relacionados con una empresa legalmente constituida”, declaró el lunes a medios locales la dirigente empresarial antes de ser atacada.

En los meses anteriores, Pérez también se había quejado de que los cárteles de la droga estaban exigiendo pagos de protección a los barcos pesqueros, distribuidores, camioneros e incluso restaurantes, y que las autoridades no atendían sus denuncias.

“El sector pesquero, al no ver ninguna protección o ninguna opción al hacer denuncias a la autoridad, ha preferido autoprotegerse o en algunos casos, con la pena, han tenido que pactar por la seguridad de ellos mismos y de sus familias”, denunció la dirigente en febrero pasado.

La fiscal Andrade dijo en conferencia de prensa que se estaba investigando si el asesinato fue originado por “conflictos relacionados con la actividad de la pesca” y aseguró que la Fiscalía no había recibido ninguna denuncia de extorsión a los pescadores y las empresas del sector.

Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Centro Strobe Talbott para Seguridad, Estrategia y Tecnología del Instituto Brookings, dijo que el caso ilustraba la falta de voluntad del gobierno para actuar ante las repetidas advertencias sobre la implicación de los cárteles de la droga en la producción y distribución de marisco en algunas partes de México.

El gobierno se ha mostrado “completamente indiferente y sordo a las peticiones del sector —desde los pequeños pescadores hasta los grandes actores de la industria, pasando por las plantas de procesamiento de marisco— para brindar protección contra los cárteles”, afirmó Felbab-Brown. “Uno esperaría que la horrenda muerte de Minerva Pérez estimule finalmente al gobierno de México a actuar”, agregó.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a confrontar a los cárteles bajo su política de “abrazos, no balas” y en su lugar ha promovido programas sociales de ayuda a los jóvenes para evitar que sea captados por las bandas delictivas.

López Obrador ha insistido en que la política está funcionando a pesar de que las cifras publicadas el martes por la Secretaría de Seguridad muestran que en junio se registraron casi tantos asesinatos (2,673) como en noviembre del 2018, un mes antes de asumir la presidencia, cuando se reportaron a nivel nacional 2,726 homicidios.

Según el diario local Zeta, Pérez denunció públicamente a principios de este año que “el crimen organizado cobra un dólar por kilo de almeja, 10 pesos por kilo de merluza y de 3,000 a 5,000 dólares por un camión de almeja generosa del Pacífico”.

Los cárteles mexicanos son fuertes en las zonas costeras porque allí también realizan operaciones de contrabando. En muchas partes de México, los cárteles han extendido sus actividades al secuestro y la extorsión para aumentar sus ingresos exigiendo dinero a los residentes y propietarios de negocios y amenazando con secuestrarlos o matarlos si se niegan.

Una empleada de una empresa pesquera de Ensenada, que habló en condición de anonimato por temor a represalias, dijo que las demandas de extorsión han sido durante mucho tiempo de conocimiento común en la industria. La trabajadora señaló que “desde el más pequeño hasta las empresas más grandes” son víctimas de la extorsión.

No se trata sólo de la pesca. Las organizaciones delictivas también han atacado la producción de aguacate.