Guatemala, Honduras y El Salvador firman un convenio para unificar datos biométricos

Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron este lunes un convenio para cooperar en temas de manejo de datos biométricos en busca de mejorar la seguridad de las fronteras que comparten los tres países.

El convenio fue firmado por el ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Jiménez; el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y el secretario de Estado del Despacho de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velásquez.

De acuerdo al Gobierno guatemalteco, con el convenio se generarán las condiciones para la consulta entre los tres países sobre datos generados con información biométrica, en busca de mejorar la lucha contra "delincuencia transnacional" en las fronteras compartidas.

Durante la firma del acuerdo también estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley.

"El nuevo convenio permitirá trazar una hoja de ruta en la que las instituciones de seguridad compartan entre sí información para la detección de vulnerabilidades y así evitar que personas acusadas de crímenes transiten por estos países", puntualizó el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

Guatemala, Honduras y El Salvador componen el denominado triángulo norte de Centroamérica, una región considerada en la última década como una de las más violentas del mundo por las altas tasas de homicidios que registraron entre 2010 y 2020.

Según expertos, la violencia procede de las pandillas y del narcotráfico, lo que obliga a miles de personas a emigrar cada año a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Las detenciones de ciudadanos salvadoreños en Guatemala han registrado un aumento desde 2022, año en el que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso un estado de excepción para combatir a las pandillas, con base en datos oficiales.

Solo en los primeros 5 meses de este año fueron detenidos en Guatemala un total de 43 ciudadanos salvadoreños por diversos delitos, de los cuales 29 fueron deportados al vecino país centroamericano.