Obispos negocian con el narco para intentar frenar la violencia en México, presidente los respalda

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó el jueves su respaldo a las conversaciones que sostuvieron cuatro obispos con integrantes de grupos delictivos en un intento por frenar la ola de violencia que golpea al estado de Guerrero, en el sur de México.

En los diálogos participó el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien dijo a medios locales que buscaron el acercamiento para tratar de lograr la paz en Guerrero.

Al ser consultado sobre la iniciativa el mandatario dijo que veía “muy bien” los diálogos, pero dejó claro que esas conversaciones no deben implicar “acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.

“Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe quedar muy claro”, afirmó en su conferencia matutina que realizó desde la ciudad turística de Acapulco, en el estado de Guerrero, donde en los últimos meses ha recrudecido la violencia pese a que las autoridades enviaron unos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en esa localidad devastada en octubre por el potente huracán Otis.

González Hernández sugirió que la iniciativa había sido aprobada, al menos implícitamente, por el papa Francisco durante una reunión con obispos el año pasado.

Un portavoz del Vaticano no respondió inmediatamente cuando se le preguntó por las declaraciones del obispo.

López Obrador reconoció que no es la primera vez que religiosos mantienen este tipo de conversaciones e indicó que ya lo habían hecho en el vecino estado de Michoacán.

“Siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de todas las iglesias participan y ayudan a la pacificación del país”, señaló el gobernante al alabar los esfuerzos.

Muchos mexicanos de a pie han accedido en silencio a pagar protección a los cárteles por miedo a ser atacados o a que les quemen sus casas o negocios. La Iglesia también ha sufrido el impacto de la violencia con el asesinato de sacerdotes y ha tenido que recurrir a las fuerzas militares y policiales para que sus clérigos puedan ingresar escoltados a comunidades azotadas por criminales.

González Hernández expresó que las conversaciones fracasaron porque los cárteles y las bandas de narcotraficantes “pidieron una tregua, pero con condiciones”. Al ser consultado sobre cuáles eran esas condiciones, el obispo respondió “territorios”.

Las organizaciones delictivas mexicanas no sólo venden o trafican con drogas, sino que extorsionan a negocios de los territorios que controlan.

Ante la creciente violencia, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas llamó el jueves a paros y bloqueos de algunas autopistas para exigir al gobierno protección para los conductores.

Bajo la política de “abrazos, no balas” el gobierno de López Obrador ha evitado la confrontación directa con los cárteles, lo que les ha permitido tomar el control de una docena o más de ciudades medianas donde los precios de la mayoría de los productos son más altos porque incluyen el “impuesto” que cobran los grupos criminales.

El obispo emérito Salvador Rangel dijo a The Associated Press que fue informado de los diálogos por los religiosos que participaron en la iniciativa y señaló que además de González Hernández en las conversaciones también intervinieron los obispos de las diócesis de Ciudad Altamirano, Tlapa y el arzobispo de Acapulco.

Rangel indicó que aunque en los acercamientos “no llegaron a ninguna conclusión” debido a que uno de los grupos delictivos “no quiere ceder nada”, la iniciativa fue positiva para lograr un “enfriamiento de las cosas”.

“Yo creo que todo intento para buscar la paz y la concordia es válido. El diálogo es un instrumento, vamos a decir, precioso, de oro, es un instrumento internacional que se puede utilizar”, dijo el obispo emérito tras reconocer que cuando estuvo hasta 2022 frente de la diócesis de Chilpancingo, capital de Guerrero, también tuvo acercamientos con los grupos delictivos para contener la violencia en esa región.

El gobierno federal ha enviado al estado de Guerrero unos 29,000 miembros del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad pero han resultado insuficientes para hacer frente a la ola violencia generada por las pugnas que mantienen varios grupos delictivos y cárteles del narcotráfico por el control del territorio.