El juicio de censura al presidente de Ecuador se dirime en el Parlamento y en la red

El juicio político contra el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, a quien la oposición parlamentaria acusa de peculado (malversación), arrancó este martes con un acalorado debate en el pleno del Legislativo y también en las redes sociales, congestionadas de adeptos y críticos.

La Asamblea Nacional (Parlamento), ubicada en una zona céntrica de Quito, estuvo custodiada por contingentes de policías para recibir la comparecencia del mandatario, quien fue apoyado por grupos de simpatizantes, aunque también se escucharon algunos gritos en su contra.

Muchos vestían de blanco, el color que identifica al movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), aunque medios digitales advirtieron de que burócratas habían llegado a la concentración en favor de Lasso de forma obligada.

No obstante, las autoridades han aclarado que la llegada de simpatizantes era voluntaria y que los burócratas habían pedido permiso con cargo a las vacaciones personales.

El debate también se trasladó a las redes sociales, que se han encendido ante la posibilidad de que el mandatario sea censurado a través del juicio político (impeachment), el primero desde que el país volvió a la democracia tras la década de dictaduras militares de los años setenta del siglo pasado.

El jefe del Estado llegó a la sede parlamentaria a eso del mediodía, encaró al pleno legislativo con un discurso en que defendió su inocencia, enumeró varios logros de su Gobierno y recriminó a los opositores por organizar, según su criterio, un juicio político sin las pruebas ni testigos que avalen el presunto delito de malversación del que le acusan.

A Lasso le tomó menos de 50 minutos, pese a que disponía de tres horas, para plantear ante el pleno de la Asamblea su defensa, en la que repitió que el juicio político en su contra era "infundado" y que los opositores han hecho gala de "una inventiva sin parangón", sostenida en una "situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie".

La oposición ha acusado a Lasso de haber conocido y permitido el delito de malversación a través de un contrato entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, aunque el proceso también ha puesto en el tapete la serie de problemas que afectan al país como la inseguridad, el desempleo, la carestía de la vida y el aumento de la emigración ilegal.

Tras su intervención ante el pleno de la Asamblea, Lasso salió del salón principal, aunque antes de abandonar el hemiciclo fue abordado por varios legisladores de CREO y también del movimiento indígena Pachakutik, que le expresaron su respaldo.

La actitud de ciertos asambleístas de Pachakutik dejó a la vista la división que existe en ese grupo parlamentario y que podría jugar un papel importante al momento en la votación final de la moción de censura.

Esa división también se registró en el debate entre los legisladores que empezó poco después de que Lasso se retirara.

Esteban Torres, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), y Viviana Veloz, de la Unión por la Esperanza (UNES) -afín al expresidente Rafael Correa (2007-17)-, ambos opositores e interpelantes, iniciaron la réplica del debate.

Veloz fue dura al calificar a Lasso de "mentiroso" y de haber escondido su defensa del delito que se le acusa con un informe de gestión que recogió viarias acciones del Gobierno.

La legisladora insistió en que en el caso Flopec, con conocimiento de Lasso, hubo un perjuicio al Estado de unos 6 millones de dólares.

"Querían pruebas, ¡ahí están las pruebas!", enfatizó Veloz tras ratificar su pedido de censura contra Lasso.

De su lado, Esteban Torres coincidió en que las pruebas apuntan a Lasso y recordó que si el mandatario es destituido le sucederá, según norma constitucional, el vicepresidente del país, Alfredo Borrero.

El actual es un "gobierno ineficiente y lento que ha abandonado los destinos de la patria" y a la población, agregó Torres.

La Asamblea Nacional de Ecuador está compuesta por 137 parlamentarios y para la censura y destitución del presidente, según la norma Constitucional, se requiere de 92 votos.

El juicio político, que arrancó con unos 70 legisladores inscritos para participar en el debate, cada uno con diez minutos, demorará algunos días.

Se prevé que la sesión del pleno se reanude la mañana de este miércoles y que la votación final del juicio político sea el próximo sábado.