Qué necesita hacer RD para conseguir el grado de inversión, según cuatro economistas

El ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, ha asegurado que el país ha dado pasos significativos para alcanzar el grado de inversión en el menor plazo posible, una meta que no es nueva ni de este gobierno.

El grado de inversión es una categoría de la calificación crediticia que otorgan las agencias de rating, sobre activos financieros, créditos o deudas, en este caso de un gobierno, con base en su calidad crediticia. De dicha calidad depende la probabilidad de riesgo de quiebra, insolvencia de pago o incumplimiento de obligaciones. 

La calificación de grado de inversión es BBB o mayor, estando República Dominicana por debajo de esta nota. Una vez la aumente, puede tener mejor acceso al financiamiento en los mercados de capitales, lo que le permitiría obtener costos de endeudamiento más bajos, plazos más largos y más diversificación de la base de inversión.

Vicente ha dicho que,  tras evaluar las brechas para alcanzar el grado de inversión, se identificaron dos focos de atención, en los que se trabajan: el aspecto institucional y el estado de las finanzas públicas.

Diario Libre le preguntó a cuatro economistas lo que entienden que necesita hacer el país para lograr dicho objetivo, y resultaron tópicos comunes. 

Hay que mejorar los indicadores de deuda

Pedro Silverio, exgerente general del Banco Central y asesor económico del Poder Ejecutivo, reconoce que alcanzar el grado de inversión es un proceso que puede tomar años. “Sin embargo, en la presente gestión de gobierno, se han hecho importantes avances para alcanzar esa meta”, dice. “De hecho, tanto Standard & Poor’s (S&P) como Fitch han mejorado su evaluación del riesgo crediticio del país, algo que no había ocurrido desde hace ocho años”.

El economista indica que lo anterior acerca al país al grado de inversión, pero “todavía queda un largo trecho que debe ser recorrido enfatizando aspectos de la gestión pública con los que el gobierno está comprometido”. 

Entre esos aspectos, cita primero el fortalecimiento institucional. “El respeto a las instituciones genera confianza y atrae la inversión extranjera, así como un mejor clima de negocio para la inversión doméstica”, dice. 

Agrega que un indicador directo del fortalecimiento institucional es cómo el gobierno ha logrado una “mejoría significativa” en materia de gobernanza, lo que se ha reflejado en “avances importantes” en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, “lo que ha merecido el reconocimiento internacional”.

Otro aspecto que menciona es continuar mejorando los indicadores de deuda, creando un mayor espacio fiscal. En este sentido, recuerda que ya el gobierno sometó al Congreso Nacional un proyecto de ley de Responsabilidad fiscal.

El tercer y último aspecto que cita Silverio es el compromiso de una nueva ley de recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, “ya que la ley original contemplaba un proceso de recapitalización que perimió hace unos seis años”.

Se requieren reformas estructurales

La economista Magdalena Lizardo entiende que, para que el país logre el grado de inversión, se requiere realizar las reformas necesarias para enfrentar los problemas estructurales que afectan las finanzas públicas: baja presión tributaria y los déficit del sector eléctrico y el cuasi fiscal.

“También, se requiere crear un colchón o reservas que permita hacer frente a los gastos contingentes que generan los desastres naturales”, agrega. 

Magdalena, quien es profesora del Área de Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, señala que el sector público no financiero exhibe un déficit estructural que ascendió en promedio al 3 % del producto interno bruto (PIB) entre 2008-2022, si se excluye el déficit del -7.6 % del PIB del 2020 durante la pandemia.

“El financiamiento de este déficit ha generado un nivel de endeudamiento que, si bien no es excesivamente alto en términos del PIB, ha implicado un aumento creciente del pago de intereses, que pasó de ser 0.7 % del PIB en 2000 a 1.8 % del PIB en 2010 y en 2.8 % 2022”, observa.  

Precisa que una parte importante del déficit está explicado por el subsidio al sector eléctrico y por las presiones de gastos para hacer frente a la demanda de servicios sociales, así como por una baja presión fiscal. 

Observa que, “si bien las agencias calificadoras reconocen que hasta ahora la economía dominicana ha exhibido una alta capacidad de crecimiento y adaptación a circunstancias cambiantes”, y el país ha avanzando en transparencia fiscal y de gestión de pasivos,  “para lograr grado de inversión es necesario despejar la incertidumbre que genera la persistencia de los problemas estructurales en las finanzas públicas”. 

Enfocarse en una trayectoria fiscal sostenible

Para el economista y consultor Nassim Alemany “el recetario” para alcanzar el grado de inversión “es bastante claro y conocido por todos”. “Lo difícil es su implementación por el costo económico, político y social que presentan las reformas necesarias para alcanzarlo”, advierte. 

Considera que para alcanzar el grado de inversión, el país debe enfocarse en “mantener una trayectoria fiscal sostenible, un aspecto clave enfatizado por agencias calificadoras como Standard & Poor’s”.

Lo anterior -indica- involucra la implementación de “una gestión fiscal prudente, que se traduce en la reducción sostenida del déficit fiscal y un manejo eficiente del gasto público”. 

Agrega que la solidez fiscal “es una piedra angular para mejorar la calificación crediticia del país y para fortalecer la confianza de los inversores”. Esto -dice- va de la mano con la reducción y el manejo efectivo de la deuda pública, especialmente en lo que respecta a la relación entre el pago de intereses y los ingresos tributarios.

“De acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2024, esta relación se encuentra en un 25 %, lo que representa un desafío considerable por la rigidez que presenta al gasto total”, observa.

Considera también como crucial el fortalecimiento del marco institucional y la calidad de los servicios públicos, “tal como lo resalta Fitch Ratings”. 

Alemany resume que “la combinación de una gestión fiscal sólida, la reducción efectiva de la deuda, el fortalecimiento institucional, la diversificación financiera y la implementación de reformas económicas e institucionales” son los pilares sobre los cuales la nación  puede construir su camino hacia el grado de inversión.

“Estos esfuerzos deben ser acompañados de un compromiso constante para mejorar los indicadores sociales y la resiliencia”, concluye.

El tema eléctrico es fundamental

El economista Miguel Collado entiende que el país necesita “un compromiso más firme en el tema fiscal para reducir la deuda pública y el peso que tiene el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios”.

En cuanto a los ingresos, considera que la nación debe exhibir a las calificadoras un “compromiso de una reforma sostenible, que simplifique el sistema tributario”.

Entiende que, como consecuencia de sus bondades, “que se manisfestarían sobre el crecimiento de la economía, la reducción de la informalidad y la mejor administración por parte de la administración tributaria, sería sostenible la presión tributaria”. 

Collado, quien es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, considera también que el tema eléctrico “es fundamental”.

Indica que las calificadoras están atentas a los “1,500- 1,600 millones de dólares que el país malgasta cada año para cubrir unas pérdidas que podrían ser evitables si existiera la intención de sacar la distribución eléctrica del ámbito político”. 

Otro aspecto que señala es la da deuda del Banco Central. “Solo un gobierno con unas mejores finanzas podría hacerse cargo de este pasivo. Ese tema debe ser resuelto y el gobierno central dar pruebas de que podrá responder por los intereses de esa deuda”, enfatiza.

También, señala los temas institucionales y las garantías jurídicas, de los que entiende que se necesitan más avances. Además, el tema laboral, que -a su juicio- debe abordarse con una reforma estructural en ese mercado. “Los costos salariales, que junto con el tributario incentivan la informalidad, necesitan abordarse”, agrega. 

Culmina mencionando la educación, que consume el 4 % del PIB “y no da buenos resultados”.