Respaldan fronteras sigan cerradas tras conflicto con Haití por el canal

A 10 días de que el Gobierno dominicano decretara el cierre total de las fronteras con Haití ante el conflicto que ha generado la construcción de un canal del lado haitiano para la toma de agua del río Masacre, funcionarios y empresarios consideran que la medida debe continuar pese a las repercusiones que tendrá para la paralización del comercio fronterizo.

Sin embargo, economistas como Franklin Vasquez y Antonio Ciriaco Cruz consideran que esta medida no puede permanecer mucho tiempo ya que, además de las pérdidas que genera diariamente para quienes dependen del mercado binacional–que ha generado un promedio de 156 millones de pesos diarios hasta agosto de este año–podría ralentizar el crecimiento económico.

El alcalde de la provincia de Dajabón, Santiago Riverón, aseguró que cada día que pasa “es muy perjudicial” para la economía de su provincia. Sin embargo, entiende que primero deben primar la seguridad nacional y el diálogo entre las autoridades de ambos países antes de reaperturar el mercado binacional.

“Si nosotros abrimos la frontera con ellos trabajando (en el canal), eso significa que nos han doblado el pulso como dominicanos, y ahí es que radica esta situación. El Gobierno no puede, bajo ningún concepto, esa frontera, sin que Haití paralice esos trabajos”, enfatizó Riverón.

El síndico reconoce que la situación es muy difícil para los comerciantes, pero considera que tienen la capacidad para resistir–como lo hicieron con el cierre temporal de las fronteras durante la pandemia–, siempre y cuando el Gobierno compre sus productos y despliegue otras medidas de apoyo a este sector.

Acciones concretas

Esta postura coincide con la del sector empresarial, que entiende que, más allá de un conflicto por el agua, el asunto ha escalado a una situación de defensa de la soberanía y seguridad nacional.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) César Dargam explicó que han estado dándole seguimiento al cierre fronterizo desde el inicio junto a autoridades como el Ministerio de Industria y Comercio (MICM) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

“Esa consulta permanente debe continuar, a los fines de identificar a tiempo medidas que permitan mitigar los efectos del cierre en el comercio y la industria”, expresó a Diario Libre.

El ejecutivo dijo confiar en que se tomen acciones más concretas y se realicen reuniones adicionales porque, en la medida en que se extiende la situación, su abordaje debe ajustarse “a las condiciones que se van presentando”.

Impacto económico

Para Franklin Vásquez, el cierre fronterizo ha sido una medida “casi obligada” por la persistencia de los nacionales haitianos y el involucramiento de las bandas criminales que dicen tomarán el control de su construcción. Pero, a la vez, cree que esta disposición “no podrá perdurar por mucho tiempo”.

“La única acción posible para ir en auxilio de los productores y comerciantes dominicanos es buscar otros nichos de mercado a lo interno del país, aunque se sacrifiquen precios y ganancias”, acotó.

Añadió que el Gobierno debe crear una mesa de diálogo con estos actores para buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo, ya que este tipo de situaciones “se volverán a repetir con los haitianos” cada cierto tiempo.

Por su parte, Ciriaco Cruz señala que, a largo plazo, el cierre fronterizo se convertirá en un “perder-perder” para ambas nacionales. Del lado dominicano, esto mantendría la tendencia hacia la baja de las exportaciones hacia el vecino país que ha experimentado desde el 2017 por la inestabilidad política y económica de Haití.

Dijo que las exportaciones mensuales hacia este mercado–su segundo socio comercial– rondan los 81 millones de dólares mensuales, por lo que el cierre fronterizo supone una paralización de alrededor de 40 millones de dólares en casi quince días. 

El economista explica que, de prolongarse la paralización del mercado binacional durante un mes, la economía se ralentizará mucho más de lo que está; a esto, se suman subsidios que no estaban previstos para ayudar a los productores y que supondrán “recortes” a otras partidas.

“El Gobierno está en esa dicotomía: hay un tema de nacionalismo y de seguridad nacional que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero también hay una realidad, y es que eso tiene un costo”, zanjó.