Corrupción y burocracia afectan inversión pública en América Latina, señala experto del BID

La corrupción y la excesiva burocracia institucional están afectando los niveles de confianza ciudadana en América Latina, convirtiéndola en una de las regiones del mundo más afectadas por estos problemas.

Roberto de Michele, jefe de la división de Información para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que esto tiene un serio impacto en la inversión pública y aumenta el riesgo soberano de un país.

"Aquellos involucrados en transacciones irregulares y corruptas pueden beneficiarse, pero el costo se traslada a todos, porque todos perdemos", señaló el ejecutivo del BID.

Durante la conferencia "Transparencia e Integridad en Latinoamérica y el Caribe: Desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas", De Michele destacó las graves repercusiones económicas de la corrupción a nivel mundial.

La corrupción representa una pérdida de 3,600 millones de dólares anuales a nivel global y reduce entre un 20 % y un 30 % el valor de los proyectos de infraestructura, según datos del BID.

Si bien la burocracia es importante como reguladora de procesos, De Michele señaló que "si es ineficiente, opaca y no brinda un buen servicio, afecta la confianza y la inversión".

En este sentido, destacó cómo los regímenes regulatorios imponen costos innecesarios que, en lugar de promover el cumplimiento, incentivan a los ciudadanos a buscar estrategias para evadirlos, generando problemas de acción colectiva y un comportamiento individualista que afecta la cohesión social.

Transparencia institucional

En el marco del inicio del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad de la República Dominicana por parte del BID, De Michele instó a las autoridades dominicanas a seguir utilizando herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a los datos abiertos.

Esto permitirá que cada ciudadano pueda fiscalizar y dar seguimiento al uso de los recursos públicos.

Asimismo, explicó que se debe impulsar la simplificación administrativa, generando reglas institucionales más claras y simples de cumplir, así como la implementación de sistemas de integridad tanto para los servidores públicos como para el sector privado en general.

Abogó por reducir la discrecionalidad y promover la rendición de cuentas.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reconoció que la falta de transparencia obstaculiza el desarrollo económico de los países y aseguró que el Gobierno se compromete a aumentar los niveles de transparencia y fiscalización.

"Estamos construyendo un Estado donde no hay lugar para la desinformación, el despilfarro y la corrupción. Nuestro objetivo es mejorar sustancialmente la vida de toda la población", afirmó Vicente.

Destacó los avances en ese sentido, como el fortalecimiento de los portales de Transparencia Institucional y Datos Abiertos, así como el Mapa de Inversiones, una plataforma realizada en colaboración con el BID para facilitar a los ciudadanos el conocimiento de las inversiones estatales y el uso de los fondos públicos.

Exhortó a las instituciones públicas a cooperar en la mejora de la trazabilidad de los recursos públicos.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó el fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef).

"Cuando asumimos el Gobierno, encontramos decenas de instituciones que no ejecutaban el presupuesto a través del Sigef (...) una de las tareas que tuvimos como Gabinete de Transparencia fue lograr que ejecutaran su presupuesto utilizando esta plataforma", señaló.