La reforma fiscal debe mejorar la gestión de las EDE, coinciden ministros
Señalan que el sector debe captar mayores inversiones
Agregan que la tarifa eléctrica debe ser ajustada
El fortalecimiento de la gestión de las empresas distribuidoras, acompañado de la identificación de mayores inversiones de capital y el ajuste gradual de la tarifa eléctrica son algunos de los aspectos que debería contemplar una próxima reforma fiscal, coincidieron Antonio Almonte y Pável Isa Contreras.
Para Almonte, ministro de Energía y Minas, el sector eléctrico requiere de una “reingeniería” que resuelva “cuestiones básicas” en el ámbito de la distribución de servicio que deben ser subsanados para otorgar un servicio más eficiente.
“El diseño de la política para salir de la crisis del servicio de distribución significa identificar grandes inversiones de capital, una gerencia de operaciones absolutamente libre de la influencia y la demagogia política y, al mismo tiempo, un ajuste gradual de los precios de venta que corresponda con los costos del servicio”, planteó.
Una ley de responsabilidad fiscal jugaría rol importante para aplicación de reformas
La reforma fiscal requiere una gestión estatal decidida a instaurar cambios
Espera que estos aspectos sean considerados en el próximo plan de reformas que encabezará el presidente Luis Abinader, pero precisó que las decisiones para reestructurar este sector podrían diferir de su planteamiento. “Estoy expresando mi punto de vista (...), lo que apruebe el equipo (de Gobierno), es lo que se va a hacer”, zanjó.
Para el ingeniero, las propiedades y activos de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) pueden mantenerse públicas, a la vez que su operación y el mantenimiento de sus infraestructuras se pueden licitar y adjudicar a firmas privadas especializadas en estos menesteres.
- “Es un punto de vista que expongo responsablemente en el marco de esta discusión que no necesariamente está siendo compartido por todos los funcionarios del sector de distribución”, puntualizó ayer durante su disertación en el marco del evento “Economía y energía”, organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Por su parte, Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, considera que la transformación de las distribuidoras eléctricas evitaría que el Gobierno siga destinando recursos dirigidos a subsidiar a este sector.
“Hay que fortalecer la capacidad de gestión para cobrar adecuadamente. No hay forma de que las empresas distribuidoras puedan hacer su trabajo si no se invierte en más recursos, se fortalecen las redes y aumenta la inversión en medidores”, observó.
Tarifa eléctrica
El economista afirmó a Diario Libre que hay que hacer un ajuste tarifario para cobrar el precio que cuesta llevar la energía hasta los consumidores.
Esto debe hacerse sin descuidar a aquellos sectores que perciben menores ingresos, para los cuales aún se requeriría un subsidio focalizado. “Hay que fortalecer el Bono Luz, dirigido adecuadamente a los sectores que lo están necesitando y que tendrían que empezar a pagar en un esquema distinto”, estimó.
Precisó que estos ajustes deben tratarse de manera distinta a la reestructuración del sector eléctrico, que es una reforma en sí misma, mientras que el ajuste de la tarifa es parte del conjunto de medidas fiscales que deberá analizar el Gobierno.
Sobre este tema, Almonte informó que las variaciones en la tarifa eléctrica están “fuera de la discusión” en este momento.
“Decisiones de este tipo no se toman de la noche a la mañana y no está en la mesa de análisis, ni de discusión. Vamos a ver si en la discusión sobre la reforma se trabaja más adelante; no hay ningún plan de subida de tarifas”, dijo.
El ministro de Energía y Minas recordó el poco margen de maniobra que tuvo el primer cuatrienio de la actual gestión gubernamental para impulsar aún más los avances pautados en el Pacto Eléctrico, firmado en el 2021, debido a la crisis económica derivada del covid-19, entre otros eventos que afectaron “sensiblemente” la disponibilidad financiera para acometer cambios a fondo en el mediano plazo.Indicó que sí se ha dado cumplimiento a un 60 % de las 103 medidas que este acuerdo contempla, excluyendo el ajuste de la tarifa eléctrica suspendido a mediados de ese año tras el aumento de la inflación en la economía.
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